CONDADO DE ORANGE, N.Y. —El 9 de abril, un juez federal concedió una orden de restricción temporal que prohíbe las expulsiones de dos venezolanos recluidos en la cárcel del condado de Orange sin las debidas garantías procesales.
Los dos detenidos presentaron la petición inmediatamente después de que la Corte Suprema revocara el bloqueo a nivel nacional de una corte inferior sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump dirigida contra los miembros de bandas venezolanas en el país.
La orden ejecutiva de Trump, emitida el 15 de marzo, invocaba la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros para detener y deportar a ciudadanos venezolanos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional con sede en Venezuela.
Según la petición, uno de los detenidos, un ciudadano venezolano de 32 años bajo el seudónimo de J.G.O., había protestado públicamente contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro en su país de origen antes de cruzar la frontera estadounidense por El Paso, Texas, en septiembre de 2022.
En una declaración jurada ante la corte, un abogado de inmigración afirmó que el detenido solicitó asilo político en 2023 por temor a que, si regresaba a Venezuela, fuera torturado, encarcelado o asesinado por la policía y el ejército venezolanos por su pasado activismo político.
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a esta persona en su domicilio de Nueva York en enero. Habría sido deportado en marzo a El Salvador, lo que ha ocurrido a más de 130 ciudadanos venezolanos desde la proclamación de Trump, de no haber sido por la suspensión de la orden ejecutiva en todo el país, ahora levantada, según la petición.
El detenido niega cualquier afiliación a bandas, según su abogado de inmigración en una declaración jurada ante la corte.
El otro detenido venezolano, con el seudónimo de G.F.F., entró en la frontera estadounidense cerca de El Paso, Texas, el pasado mes de mayo y solicitó asilo alegando que se enfrentaría al acoso de los miembros de la banda Tren de Aragua por su orientación sexual si regresaba a su país de origen.
Él también niega cualquier asociación con bandas, según una declaración jurada de la corte.
La orden de restricción temporal prohíbe la expulsión de los dos hombres o de otros venezolanos en situaciones similares dentro del Distrito Sur de Nueva York en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) hasta que se realicen las notificaciones adecuadas y se celebren las audiencias debidas en medio del procedimiento de expulsión.
"Dejo para otro día las consideraciones sobre la validez de la Proclamación Presidencial en virtud de la AEA", escribió el juez de distrito Alvin Hellerstein en una orden de 9 de abril por la que concedía la certificación colectiva en el caso.
Se programó una audiencia preliminar para el 22 de abril a fin de determinar el tipo de audiencias u otras garantías procesales exigidas por la Ley de Enemigos Extranjeros antes de que puedan llevarse a cabo las deportaciones.
Los dos venezolanos están representados por la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.
La cárcel del condado de Orange es el único centro penitenciario del condado del área metropolitana de Nueva York que tiene un contrato con el ICE para alojar a detenidos federales.
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