El Departamento de Justicia pidió el 16 de abril a la Corte Suprema bloquear formalmente las sentencias de tribunales inferiores que impidieron al presidente Donald Trump despedir a miembros de juntas laborales independientes.
Actuando en nombre del máximo tribunal, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, detuvo temporalmente el 9 de abril las órdenes de dos jueces federales con sede en Washington que bloquearon los despidos del presidente de Cathy Harris de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y Gwynne Wilcox de la Junta Nacional de Relaciones Laborales antes de que expiraran sus mandatos.
La orden emitida por Roberts, llamada suspensión administrativa, dio a los jueces más tiempo para considerar la solicitud de emergencia de la administración Trump que buscaba un bloqueo. La suspensión fue concedida el 9 de abril, horas después de que la administración lo solicitara. Roberts no explicó su decisión.
Aunque el artículo II de la Constitución asigna todo el poder ejecutivo solo al presidente, « la corte de distrito sostuvo lo contrario», escribió el procurador general John Sauer en la nueva presentación.
«Esta dictaminó que el presidente debe tener motivos para despedir a los líderes de las agencias ejecutivas que dictan los términos de las relaciones laborales privadas y controlan aspectos del empleo federal, y obligó al Presidente a seguir confiando un importante poder ejecutivo a funcionarios ejecutivos principales a los que considera no aptos para ejercerlo. Esas decisiones fueron gravemente erróneas y deben ser suspendidas».
La restitución de los principales funcionarios es «una grave afrenta a la capacidad del presidente para dirigir el Poder Ejecutivo», escribió. «Hasta esta Administración, ningún tribunal federal había dictado una orden que restituyera a un funcionario ejecutivo principal despedido por el Presidente».
En la solicitud del 9 de abril, Sauer argumentó que el presidente «no debería verse obligado a delegar su poder ejecutivo en directores de agencias que están claramente en desacuerdo con los objetivos políticos de la Administración ni un solo día, y mucho menos durante los meses que probablemente tardarían los tribunales en resolver este litigio».
El presidente Joe Biden nombró a Wilcox miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) en 2021, tras su confirmación por el Senado. Luego, fue ratificada en 2023.
En virtud de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, la NLRB atiende quejas sobre empleadores que incurren en prácticas laborales desleales.
Trump ordenó despedirla el 27 de enero y se lo notificó por correo electrónico.
Según la solicitud, el correo electrónico decía que la NLRB «no estaba cumpliendo actualmente con su responsabilidad ante el pueblo estadounidense», y que estaría en mejores condiciones de cumplir con los objetivos de la administración «con personal de la propia selección [de Trump]».
El correo electrónico decía que Wilcox «no había estado, a juicio [de Trump], operando de una manera consistente con los objetivos de [su] administración».
Wilcox demandó ante una corte federal de distrito en Washington y obtuvo una sentencia resumida el 6 de marzo que decía que su destitución era «ilegal» y que «sigue siendo un miembro» de la NLRB que sólo puede ser destituido por el presidente por los motivos previstos en el estatuto que rige la junta.
La Corte rechazó el argumento de la administración de que la protección de la permanencia en el cargo prevista en el estatuto viola el Artículo II de la Constitución, que detalla los poderes del presidente.
La Corte de Distrito sostuvo que estaba obligada por el caso Humphrey's Executor v. United States (1935), en el que la Corte Suprema determinó que el Presidente Franklin Roosevelt actuó ilegalmente cuando despidió sin causa al jefe de la Comisión Federal de Comercio, una agencia ejecutiva supuestamente independiente.
El poder ejecutivo no es «estrictamente unitario», y el poder del presidente para destituir funcionarios «nunca se ha considerado ilimitado», sostuvo la corte de distrito.
Harris, miembro de la Junta de Protección del Sistema de Méritos (MSPB), fue nombrada por Biden en 2022 tras ser confirmada por el Senado. En 2024, Biden la elevó a la presidencia de la junta.
Fue despedida por Trump el 10 de febrero. La Casa Blanca le notificó por correo electrónico que su puesto estaba «terminado, con efecto inmediato».
La junta revisa las normas dictadas por la Oficina de Administración de Personal, que supervisa a los empleados federales. La Junta aplica los «principios del sistema de méritos» del gobierno, que están «concebidos para garantizar una contratación y una competencia justas y abiertas y unas prácticas de empleo libres de influencias políticas u otros factores ajenos al mérito», dice la Oficina de Gestión de Personal en su sitio web.
Harris presentó una demanda y el 18 de febrero la corte federal de distrito dictó una orden de restricción temporal por la que se le restituía su empleo en la junta.
El 4 de marzo, la corte de distrito concedió a Harris un juicio sumario, reincorporándola como miembro de la junta, pero no como presidenta, según la demanda.
Una sala de apelaciones de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia suspendió temporalmente las sentencias de los tribunales inferiores a la espera de la apelación. Días más tarde, un pleno dividido del circuito levantó la suspensión dictada por el panel, según la solicitud.
En la solicitud, el gobierno argumentó que el Artículo II otorga al presidente la autoridad «para destituir, a voluntad, a los miembros de las juntas pluripersonales que ejercen un poder ejecutivo sustancial, como la NLRB y la MSPB».
Los precedentes de la Corte Suprema «también establecen que las cortes de distrito carecen de poder para emitir mandamientos judiciales o sentencias declaratorias que anulen la destitución de funcionarios ejecutivos efectuadas por el presidente», afirmaba la solicitud.
Mientras tanto, el 15 de abril, Harris y Wilcox presentaron respuestas a la solicitud en las que argumentaban que debían ser readmitidos.
Harris argumentó que el gobierno se está moviendo con demasiada rapidez, buscando «una guerra relámpago hacia el juicio» al pedir a la Corte Suprema «anular un siglo de práctica y precedentes, e invalidar la estructura de numerosas agencias» sin tener un informe completo y argumentos orales en el caso.
Wilcox instó al alto tribunal a denegar la solicitud y permitir que el Circuito de Washington D.C. realice un debate oral acelerado sobre el caso el 16 de mayo.
Wilcox dijo en su escrito que durante casi un siglo, «ninguna administración anterior ha intentado destituir a un miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales».
«El Ejecutivo no tiene ningún interés legítimo en cerrar por completo un órgano jurisdiccional creado por el Congreso», señala el escrito.
La destitución de Wilcox privaría a la Junta de un quórum de tres miembros, lo que detendría el proceso de apelación que lleva a cabo.
La Corte Suprema podría actuar sobre la solicitud de emergencia del presidente en cualquier momento.
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