El director del FBI, Kash Patel, declaró el jueves que la agencia detuvo y arrestó a más de 6000 personas en sus esfuerzos de control migratorio durante los primeros meses de la administración Trump.
Entre los detenidos se encontraban 310 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y 136 miembros de la MS-13, una organización criminal transnacional fundada por inmigrantes salvadoreños, según Patel.
"El FBI acaba de recibir una actualización sobre nuestras iniciativas en materia de inmigración desde el 20 de enero de 2025", declaró Patel en una publicación en la red social X el 17 de abril, expresando su gratitud a la actual administración, a la fiscal general Pam Bondi y a los socios regionales de las fuerzas del orden por su colaboración para mejorar la seguridad nacional. "Tenemos mucho más por hacer", concluyó.
La ofensiva se alinea con la estrategia general del gobierno para combatir la inmigración ilegal y las actividades delictivas asociadas. En su primer día en el cargo, Trump designó a Tren de Aragua como organización terrorista, lo que facilitó una estrategia gubernamental coordinada para desmantelar las operaciones de la pandilla.
Tren de Aragua, originario de Venezuela, fue vinculado a diversas actividades delictivas, como el narcotráfico y delitos violentos en todo Estados Unidos.
Operaciones recientes resultaron en múltiples arrestos en todo el país. En marzo, las autoridades arrestaron a más de 40 personas en Texas vinculadas a la pandilla. Asimismo, a principios de abril, seis presuntos miembros fueron detenidos en Mobile, Alabama.
El Departamento de Seguridad Nacional afirma que la pandilla es responsable de los asesinatos de alto perfil de la estudiante de enfermería Laken Riley y de Jocelyn Nungaray, de 12 años. La MS-13, conocida por sus actividades violentas, también ha sido un foco de atención en las acciones de cumplimiento de la ley del gobierno. Por ejemplo, a principios de abril, un líder de alto rango de la MS-13, buscado por múltiples asesinatos, fue arrestado en Long Island, Nueva York.
Estas medidas de cumplimiento no están exentas de controversia. El uso por parte del gobierno de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones ha enfrentado impugnaciones legales y críticas por parte de legisladores demócratas.
Un caso que atrajo la atención nacional es el de Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño de 29 años y presunto miembro de la MS-13, quien fue deportado el 15 de marzo tras ser arrestado en Maryland. Había vivido en Estados Unidos durante años con su esposa e hijos, ciudadanos estadounidenses, y en 2019 se le concedió una suspensión de deportación luego que un juez de inmigración determinara que enfrentaba amenazas creíbles de la pandilla rival Barrio 18.
Un abogado del Departamento de Justicia describió inicialmente su deportación como un "error administrativo", pero altos funcionarios del gobierno de Trump declararon posteriormente que no fue un error, y dicho abogado fue puesto en licencia remunerada indefinida. La semana pasada, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno de Trump debe "facilitar" el regreso de Ábrego García. La Fiscal General Bondi, hablando en una conferencia de prensa el 16 de abril, reconoció que se omitió un paso en el papeleo, pero dijo que la deportación estaba justificada y que no sería devuelto a Estados Unidos.
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