Los demandantes en un caso legal contra el gobierno de EE. UU. instaron el 17 de marzo a un juez federal a buscar respuestas del gobierno con respecto al cumplimiento de las órdenes del presidente Donald Trump sobre los vuelos de deportación.
«Los demandantes siguen extremadamente preocupados de que... el gobierno pueda haber violado la orden de la corte», dijeron los abogados de los inmigrantes venezolanos al juez de distrito de EE. UU. James Boasberg en un escrito.
En una orden del 15 de marzo, el juez ordenó a los funcionarios del gobierno que no expulsaran a ningún inmigrante de Estados Unidos durante 14 días, a menos que la corte diera instrucciones adicionales. Según los demandantes, durante una audiencia celebrada ese mismo día, el juez les dijo a los funcionarios del gobierno que cualquier avión que transportara a inmigrantes ilegales «que fuera a despegar o estuviera en el aire debía ser devuelto a Estados Unidos».
Más tarde el sábado, Boasberg, en una segunda orden, le impidió al gobierno deportar a cualquier miembro de una banda que no sea ciudadano mientras el caso sigue su curso.
En una presentación del domingo, los funcionarios del gobierno le dijeron a Boasberg que no habían expulsado a los cinco inmigrantes ilegales sujetos a la primera orden.
«Los demandados federales informan además, basándose en información del Departamento de Seguridad Nacional, que algunos miembros de bandas sujetos a expulsión en virtud de la Proclamación ya habían sido expulsados del territorio de Estados Unidos en virtud de la Proclamación antes de que se emitiera la segunda orden de esta corte», dijeron los funcionarios.
Trump, en una proclamación del 15 de marzo, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite la expulsión de personas de una nación considerada enemiga por un presidente, y declaró que la banda Tren de Aragua se había infiltrado ilegalmente en Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una declaración el fin de semana que la orden del juez «no tenía base legal» y que la orden también se emitió después de que los inmigrantes ilegales miembros de la banda ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense.
«La Administración no se 'negó a cumplir' una orden judicial», dijo, y añadió más tarde que «la orden escrita y las acciones de la Administración no entran en conflicto».
Leavitt también dijo que los jueces no tienen jurisdicción sobre el uso que el presidente haga de la Ley de Enemigos Extranjeros ni sobre la conducta del presidente en asuntos exteriores.
«Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión... lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente del territorio estadounidense», dijo.
Los demandantes en el caso dijeron en la nueva presentación que la redacción utilizada por el gobierno indicaba que el gobierno optó por tratar la orden de Boasberg como si solo se aplicara a los inmigrantes ilegales que aún se encuentran en Estados Unidos.
«Si así es como procedió el gobierno, fue una violación flagrante de la orden judicial», dijeron.
Señalaron los datos de seguimiento de vuelos que mostraban varios vuelos que aterrizaron después de la orden de Boasberg. Uno de los vuelos aterrizó en El Salvador.
También citaron cómo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en las redes sociales que la orden del juez llegó demasiado tarde y cómo el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, compartió la publicación.
Las pruebas disponibles muestran que «el gobierno puede haber optado por no acatar la orden de la corte», dijeron los demandantes, instando a la corte a ordenar a los funcionarios del gobierno que certifiquen si algún vuelo con personas sujetas a las directivas de la corte despegó, seguía en el aire o aterrizó después de que se emitieran las órdenes. Los funcionarios, dijeron, también deberían decir si alguno de los inmigrantes ilegales fue trasladado a un país extranjero después de que se dictaran las órdenes.
Boasberg dijo más tarde el lunes que las partes deben comparecer en una audiencia a las 4 p.m. para informarle sobre las deportaciones.
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