El 17 de marzo, una corte federal de apelaciones denegó un intento de la administración del presidente Donald Trump de bloquear la reincorporación de miles de nuevos empleados del gobierno federal que habían sido despedidos recientemente.
La mayoría de un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. dijo que bloquear la orden de una corte inferior «perturbaría el statu quo y lo pondría patas arriba».
Los jueces de circuito de EE. UU. Ana de Alba y Barry Silverman formaron la mayoría.
El juez de distrito de EE. UU. William Alsup ordenó el 13 de marzo a seis agencias, incluido el Departamento de Defensa, que reincorporaran a miles de trabajadores que habían sido despedidos porque estaban en período de prueba y no se los consideraba de misión crítica.
Los abogados de la administración Trump presentaron una moción de emergencia para una suspensión pendiente de apelación.
«Si no se suspende, se producirá el caos, ya que a los empleados que fueron despedidos legalmente se les debe ofrecer (y es muy posible que acepten) la reincorporación, solo para volver a perder potencialmente sus trabajos si se anula la orden de la corte de distrito», dijeron los abogados a la corte de apelaciones.
También dijeron que la orden será anulada porque, según ellos, la corte se equivocó en múltiples cuestiones, entre ellas si los sindicatos que demandaron por los despidos han sufrido un perjuicio.
La jueza de circuito de EE. UU. Bridget S. Bade, la tercera jueza del panel del Noveno Circuito, dijo que habría concedido la solicitud del gobierno.
«El gobierno argumenta de manera convincente que la orden de medida cautelar preliminar de la corte de distrito impone una carga administrativa sustancial. Esa orden exige que las seis agencias ofrezcan la reincorporación a miles de empleados despedidos, que pueden aceptar y requerir la incorporación, la acreditación y otras medidas administrativas o de recursos humanos», escribió.
Bade añadió más tarde que mantener la orden en vigor causaría una confusión adicional si luego se anula.
«Los demandantes no impugnan estas afirmaciones. Argumentan que los servicios gubernamentales de los que dependen ellos y los miembros de su organización se han sumido en el caos por los despidos y que seguirán sufriendo por la incapacidad del gobierno para prestar servicios. Pero los demandantes no ofrecen ninguna razón para creer que las ofertas inmediatas de reincorporación curarían estos daños. En cambio, la empresa administrativa de reincorporar inmediatamente a miles de empleados probablemente desviaría los recursos (ya agotados) de la agencia de sus funciones de servicio designadas», dijo.
La denegación de la moción de emergencia no es el final del caso. La corte de apelaciones considerará si emite una suspensión de la apelación pendiente. La Corte Suprema de Estados Unidos, si así lo solicita la administración Trump, también podría sopesar la posibilidad de intervenir y suspender la orden a medida que avance el caso.
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