Los narcotraficantes están reforzando su control sobre Colombia en medio de iniciativas de paz fallidas, un estancamiento económico y el reclutamiento forzado por parte de las guerrillas, dicen los expertos.
La iniciativa de «paz total» del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenía como objetivo hacer cumplir un acuerdo de paz de 2016 alcanzado entre la anterior administración de Santos y el grupo terrorista de décadas de antigüedad Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En 2022, la ampliación de la ley de la Paz Total por parte de Petro tenía como objetivo «llevar a cabo diálogos» con los miembros de las FARC. Bajo ese mismo paraguas, la iniciativa de Petro esperaba abordar los programas de redistribución de tierras y alejarse de las políticas que se centraban en la erradicación forzosa de la coca cultivada para el narcotráfico.
Más de dos años después, los enfrentamientos entre grupos terroristas y las fuerzas policiales han disminuido, pero la violencia entre narcotraficantes y el reclutamiento forzoso van en aumento.
«Se puede argumentar que el alto el fuego organizado por Petro contribuyó a esto y permitió que estos grupos se organizaran más», dijo Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe en Armed Conflict Location & Event Data, a The Epoch Times.
Breda compartió sus puntos de vista sobre el aumento de la dinámica crimnal en Colombia, que, según él, ha llevado a la nación al borde de convertirse en un «estado fallido».
Dijo que, por el momento, las guerrillas y sus grupos disidentes están más enfocados en luchar entre ellos que contra el Estado. Breda también observó que los conflictos se han «localizado aún más» durante las operaciones de estos grupos en Colombia.
«Luchan más por el control entre ellos. No solo cambian constantemente las relaciones entre los grupos, también dentro de ellos» dijo Breda.
La minería ilegal y el tráfico de drogas son algunas de las principales actividades que usan las guerrillas sus actividades en Colombia, especialmente en el departamento de Norte de Santander.
La zona del Catatumbo, en Norte de Santander, cerca de la frontera de Colombia con Venezuela, es una de las regiones con mayor tráfico de drogas del país. También es un punto de influencia del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Indígenas de la etnia Nasa queman uniformes incautados a guerrilleros del ELN en Corinto, departamento del Cauca, Colombia, el 6 de julio de 2018. Luis Robayo/AFP/Getty ImagesEn 2022, Petro reabrió la frontera de Colombia con Venezuela después de que la administración anterior rompiera las relaciones diplomáticas entre los dos países en 2019. Desde entonces, la actividad ilegal ha aumentado, lo que ha llevado a muchos a criticar la decisión de Petro de crear un acceso más abierto en una zona con un historial de dificultad para la policía.
Desde que Colombia reabrió su frontera con Venezuela en 2022, la delincuencia se ha incrementado. En una investigación realizada en 2024, el grupo de expertos sin ánimo de lucro InSight Crime informó de que «los grupos delictivos siguen prosperando gracias al comercio ilícito y, para compensar una ligera caída de ingresos, han intensificado sus actividades de extorsión, dirigiéndose cada vez más a las comunidades locales».
Además, el conflicto entre los grupos terroristas ha empeorado. «Registramos más de 660 enfrentamientos entre grupos armados en los primeros 30 meses de Petro», dijo Breda. Esto supone un incremento del 40% con respecto a la administración anterior.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señaló que las políticas de paz y seguridad de Petro han fracasado, lo que ha fomentado una expansión de las organizaciones criminales.
Guerra y paz
Según los analistas, los enfrentamientos entre las guerrillas podrían cambiar pronto de rumbo y volver a enfocarse en luchar contra el Estado.Recientes informes sobre una escalada entre el ejército colombiano y el ELN han puesto en tela de juicio el acuerdo de «paz total» de Petro con los grupos terroristas después de que el ELN amenazara al gobierno colombiano con iniciar una «guerra total».
Dos miembros del ELN que se hicieron llamar «Ricardo» y «Silvana Guerrero» declararon en una entrevista con AFP el 9 de marzo que estaban más que dispuestos a reanudar la lucha contra el Estado.
«Si siguen llegando más tropas al territorio [del Catatumbo], lo más probable es que continúe el enfrentamiento porque nos defenderemos», dijo Ricardo.
Es un escenario que, según los analistas, era inevitable tras la reapertura de la frontera con Venezuela.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirige a la 79ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2024. Seth Wenig/Foto AP«Para mí, las políticas y el enfoque de Petro en materia de seguridad han sido el gran problema, seguido de la apertura de la frontera con Venezuela», declaró Evan Ellis, profesor de investigación del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, a The Epoch Times.
«Básicamente, tenías a los dos vecinos [Colombia y Venezuela], ambos con situaciones delictivas fuera de control, y luego esas dos economías delictivas pudieron integrar sus flujos y colaboración», dijo Ellis.
Dijo que la verdadera tragedia es que Colombia está perdiendo todo el progreso que hizo con la corrupción institucional y el narcotráfico hasta llegar a la stuación que tenía en los días del expresidente Ernesto Samper en la década de 1990.
«Colombia iba por un camino bastante decente, pero ahora ha vuelto a donde estaba bajo Samper», dijo Ellis.
Durante la era de Samper, Ellis dijo que los funcionarios de inteligencia estadounidenses creían que las FARC tomarían el control de todo el país debido a su amplia influencia dentro del gobierno.
A mediados de la década de 1990, la administración de Samper se vio sacudida por un escándalo después de que surgieran acusaciones de que el exjefe de Estado colombiano había recibido pagos de un cartel de drogas. La denuncia dio lugar a la cancelación de la visa estadounidense de Samper.
Según Ellis, Colombia se ha encontrado de nuevo en el mismo barco con Petro.
«Lo que yo diría es que con todo ese progreso [luego de Samper], hemos vuelto a ese punto en el que hay una corrupción desenfrenada. Hay unas fuerzas armadas capaces y nobles obstaculizadas por el caos político que se extiende por todo el país», dijo Ellis.
Añadió que, aunque el problema de los terroristas y los guerrilleros en Colombia es complejo, es el resultado directo de las fallidas políticas gubernamentales para controlar la situación.
Ellis dijo que el programa de subsidios para remover los cultivos de coca, que fomentaba la eliminación de la planta como cultivo comercial, es un buen ejemplo. Debido a que existían incentivos para obtener más dinero en función del volumen de cultivos de coca erradicados, la producción en realidad se «incrementó» en todo el país, según Ellis.
Las Naciones Unidas (ONU) reportaron un aumento estimado del 53 por ciento en la producción potencial de cocaína en 2023. La coca es el ingrediente principal para la fabricación de cocaína.
Reclutamiento forzado
A pesar de informes locales que reportaron una disminución de violencia en todo el país el año pasado, Breda dijo que parte de esto se debe a una medida errónea. Advirtió un aumento d violencia contra civiles en departamentos como Antioquia a pesar de la tendencia nacional a la baja registrada en 2024.«Esto se debe a una disminución de los enfrentamientos entre las fuerzas estatales y las tropas armadas [terroristas]», dijo Breda con respecto a la supuesta reducción de los delitos violentos.
También dijo que no se reflejó un avance real en algunas áreas, ya que la tendencia solo se registró después de un incremento masivo de delitos violentos en 2022.
Este año, la ONU informó de que 80,000 personas en el noreste de Colombia se han visto afectadas por una escalada de violencia entre el ELN y las FARC en enero. El conflicto ha cobrado la vida de al menos 80 civiles y ha desplazado a varias comunidades.
Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) custodian el lugar donde se llevaron a cabo las conversaciones entre Manuel Marulanda, jefe rebelde marxista de las FARC, y el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana, en febrero de 2001. Luis Acosta/AFP vía Getty Images«Los líderes de derechos humanos tuvieron que abandonar la zona debido a las amenazas de los grupos armados», dijo Diego Andrés García, de la agencia de la ONU para los refugiados, en un comunicado de prensa.
«Durante su huida, fueron masacrados y asesinados líderes y familiares».
La misma agencia también publicó vídeos en las redes sociales que muestran cómo estos conflictos entre grupos terroristas han afectado a la población civil. Según se informa, algunos de los vídeos muestran tiroteos, personas que huyen para salvar sus vidas y profesores que evacuan escuelas.
Las autoridades también denunciaron un aumento del reclutamiento forzado por parte de las guerrillas en 2024. Muchos de estos reclutas civiles forzados eran menores de edad.
Solo en el primer semestre de 2024, se registraron 159 casos de reclutamiento forzado de menores en grupos armados ilegales.
«Hay un aumento en el reclutamiento forzado de niños y adolescentes. [...] Esto no se registra porque hay muchas situaciones a considerar que nos impiden tener información confiable», dijo Lourdes Castro, consejera presidencial en derechos humanos y derecho internacional humanitario, en una conferencia de prensa.
Breda coincidió. «Es un fenómeno muy difícil de rastrear y del que no se informa lo suficiente. El reclutamiento forzado es una expansión natural de la fuerza laboral [de las guerrillas]», dijo. «Necesitan más mano de obra tanto para manejar sus territorios como para luchar contra los grupos rivales».
Ellis añadió que la falta de acciones judiciales contra los líderes de las pandillas en Colombia se está «saliendo de control» y contribuyendo al problema del reclutamiento forzado.
«Los niños que caen en estas redes terminan formando parte de estas organizaciones», dijo.
También se cree que el hacinamiento en las cárceles de Colombia contribuye a un círculo vicioso de delincuencia, y a la vez proporciona un terreno fértil para el reclutamiento de grupos criminales.
Ellis dijo que las facciones disidentes de diferentes bandas en prisión podrían terminar trabajando juntas al estar confinadas en espacios reducidos. Un famoso grupo criminal venezolano comenzó de esta manera.
«Así fue como surgió el Tren de Aragua. Comenzó como una banda de prisión», dijo Ellis. El hacinamiento en las cárceles ha sido un problema en Colombia durante años. El año pasado, las autoridades de Antioquia aseguraron que «no había espacio para uno más».
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