La fiscal general Pam Bondi dijo el miércoles que Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error por la administración Trump en marzo a pesar de una orden judicial que lo protegía, no regresará a Estados Unidos.
«No va a volver a nuestro país. El presidente Bukele ha dicho que no lo va a enviar de vuelta. Se acabó la historia», declaró Bondi a los periodistas en una rueda de prensa celebrada el 16 de abril en Washington, en referencia a las declaraciones realizadas a principios de esta semana por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien rechazó la idea de devolverlo.
«Si él quisiera enviarlo de vuelta, le daríamos un aventón en un vuelo de regreso» dijo Bondi. «Nunca hubo ninguna situación en la que él fuera a quedarse en este país. Ninguna, ninguna».
Abrego García, un inmigrante ilegal de 29 años y presunto miembro de la pandilla MS-13 de El Salvador, fue arrestado el 12 de marzo y tres días después fue puesto en un vuelo de deportación a El Salvador.
Antes de su deportación, Abrego García vivía en Maryland con su esposa y sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses. En 2019, un juez de inmigración le concedió el estatus de «retención de expulsión» tras determinar que se enfrentaba a amenazas creíbles de la banda rival Barrio 18 si era deportado.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha afirmado que la expulsión de García fue un «error administrativo», reconociendo que era consciente de la protección ordenada por el tribunal y que no lo indicó correctamente en la lista de pasajeros del vuelo. García permanece detenido en El Salvador en un centro que alberga a personas acusadas de terrorismo.
En la rueda de prensa del miércoles, Bondi reconoció el error y afirmó que se había omitido «un trámite adicional». También afirmó que la deportación estaba justificada en última instancia.
«Es de El Salvador. Está en El Salvador. Y ahí es donde el presidente planea mantenerlo», dijo.
Bondi afirmó que García es miembro de la MS-13, una organización criminal transnacional recientemente designada por el Gobierno de Estados Unidos como grupo terrorista extranjero.
«Habría vuelto, habría tenido que dar un paso más en el papeleo y habría vuelto de nuevo», dijo Bondi sobre lo que pasaría si García fuera devuelto a Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) repitió de ese punto en un escrito judicial presentado el martes, en el que afirmaba que, si García fuera devuelto, sería detenido y deportado a un tercer país o se le revocaría la protección legal y sería enviado de vuelta a El Salvador.
Los abogados de García afirmaron que no hay pruebas creíbles que lo vinculen con la MS-13. Presentaron una demanda para obligar su regreso, argumentando que el gobierno había violado una orden judicial vigente. Un juez federal estuvo de acuerdo y ordenó a las autoridades que lo trajeran de vuelta, lo que provocó una apelación de emergencia por parte del Departamento de Justicia.
En respuesta, la Corte Suprema suspendió temporalmente la orden del tribunal inferior el 7 de abril, pero no la anuló. Tres días después, la Corte Suprema aclaró que el gobierno federal debe «facilitar» la liberación de García de la custodia en El Salvador para garantizar que su caso se tramite como lo habría hecho si no hubiera sido deportado indebidamente.
Desde entonces, la administración ha estado proporcionando informes diarios al juez de Maryland que supervisa el caso. Bondi dijo el miércoles que la responsabilidad del Gobierno de EE. UU. termina con ofrecer transporte, en caso de que El Salvador decida liberarlo.
En una actualización del 15 de abril, el DHS afirmó que carecía de autoridad para «extraer por la fuerza a un extranjero de la custodia nacional de una nación soberana extranjera».
El presidente salvadoreño Bukele rechazó la idea durante una visita a la Casa Blanca el 14 de abril. «¿Cómo voy a introducir a un terrorista en Estados Unidos?», dijo. «No voy a hacerlo. La pregunta es absurda».
El 15 de abril, la jueza federal Paula Xinis concedió una investigación acelerada en el caso, escribiendo que los funcionarios federales «no habían hecho nada» para facilitar la liberación o el regreso de García, tal y como exigía la Corte Suprema.
Rechazando la interpretación restrictiva del Gobierno sobre sus obligaciones, Xinis subrayó que «facilitar» significa «ayudar, asistir o facilitar» la liberación de García y garantizar que su caso se tramite como se habría hecho «si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador».
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