WASHINGTON— El lunes, la administración Trump invocó el "privilegio de secretos de estado", una medida que podría llevar a la desestimación del caso contra el gobierno en relación con la deportación de inmigrantes ilegales venezolanos a El Salvador.
El "privilegio de secretos de estado" es una doctrina legal desarrollada por la Corte Suprema de Estados Unidos para proteger la información sensible de seguridad nacional de su divulgación en litigios civiles. Casos clave, como Totten contra Estados Unidos (1876) y Reynolds contra Estados Unidos (1953), establecieron su aplicación, permitiendo al gobierno retener información en litigios si supone un riesgo para la seguridad nacional.
Al utilizar este privilegio, la administración Trump no tendrá que proporcionar información sobre los migrantes deportados. Por lo tanto, el caso contra el gobierno podría ser desestimado.
El documento judicial declaraba: "El Poder Ejecutivo notifica por la presente a la corte que no se proporcionará más información en respuesta a la Orden de Actuación del Tribunal del 18 de marzo de 2025, basada en el privilegio de secretos de estado y en las declaraciones presentadas simultáneamente por el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional".
Aunque los tribunales deben revisar las reclamaciones de privilegio, evitan un escrutinio excesivo para evitar revelar información clasificada. Casos recientes, como Estados Unidos contra Zubaydah (2021) y Oficina Federal de Investigación contra Fazaga (2021), han definido aún más el alcance de este privilegio.
El gobierno ha utilizado el privilegio en una variedad de casos, incluidos aquellos relacionados con vigilancia, contratos gubernamentales y amenazas a la seguridad nacional.
La medida se produce después de que el juez de distrito de EE. UU. James Boasberg sopesara si el gobierno violó su orden de dar la vuelta a los aviones que deportaban a inmigrantes ilegales presuntamente miembros de bandas.
Ha pedido detalles sobre cuándo aterrizaron los aviones y quién iba a bordo. Sin embargo, la administración Trump ha dicho que dar esa información perjudicaría "las preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional".
El lunes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE. UU. escuchó los argumentos sobre si se debía detener la orden de la corte inferior que impedía a la administración Trump deportar a presuntos miembros de una banda venezolana en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La jueza de la Corte de Circuito, Patricia Millett, parecía escéptica ante la postura de la administración. Por su parte, el juez Justin Walker formuló múltiples preguntas a ambas partes y pareció simpatizar con los argumentos de la administración.
En un momento dado, Millett le dijo al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, que "los nazis recibieron un mejor trato" en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros que el que la administración dio a los presuntos miembros del Tren de Aragua. El Departamento de Estado de EE. UU. designó a la banda venezolana y a otras bandas y cárteles extranjeros como organizaciones terroristas extranjeras en febrero.
El gobierno ha trasladado a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, poco antes de que Boasberg emitiera la orden escrita que bloqueaba dichas deportaciones.
Con información de Sam Dorman y The Associated Press
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