El fiscal general de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro el martes por la noche por su presunta participación en la conspiración para dar un golpe de Estado y revertir su derrota electoral de 2022 en el país latinoamericano.
El fiscal general Paulo Gonet acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas, entre ellas altos cargos de su administración, de un supuesto golpe de Estado para derrocar la democracia del país. Gonet alega que el golpe incluía un plan para envenenar al sucesor de Bolsonaro y actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y matar a tiros al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.
"Los miembros de la organización criminal estructuraron un plan en el palacio presidencial para atacar las instituciones, con el objetivo de derribar el sistema de poderes y el orden democrático, que recibió el siniestro nombre de 'Daga Verde y Amarilla'", escribió Gonet en una imputación de 272 páginas. "El plan fue concebido y dado a conocer al presidente, y él estuvo de acuerdo".
"La responsabilidad de los actos perjudiciales para el orden democrático recae en una organización criminal dirigida por Jair Messias Bolsonaro, basada en un proyecto autoritario de poder", decía la acusación.
Entre los acusados se encuentran el exasesor de seguridad nacional de Bolsonaro, el general retirado Augusto Heleno, y el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos, según la fiscalía general de Brasil en el documento legal.
Las acusaciones se presentan meses después de que la Policía Federal de Brasil concluyera en noviembre de 2024 una investigación de dos años sobre la supuesta conexión de Bolsonaro con el complot. El informe afirma que Bolsonaro participó en un esfuerzo sistemático para sembrar la desconfianza en el sistema electoral del país que finalmente culminó en disturbios de sus partidarios en la capital en enero de 2023, una semana después de que su sucesor tomara posesión.
Los cargos del martes acusan a 34 personas de participar en una organización criminal armada, de intentar derrocar violentamente el estado de derecho democrático, de amenazar gravemente los activos del Estado y de deteriorar el patrimonio catalogado, según un comunicado de la oficina de prensa del Fiscal General.
El abogado de Bolsonaro, Paolo Cunha Bueno, en un comunicado el X, negó cualquier delito por parte del expresidente y dijo que los cargos carecían de hechos.
"El presidente nunca ha apoyado ningún movimiento que tenga como objetivo deconstruir el Estado democrático de derecho o las instituciones que allanan el camino para ello", escribió Cunha Bueno en la declaración que fue publicada por el expresidente brasileño.
El Tribunal Supremo de Brasil presidirá el caso y determinará si acepta los cargos.
Con información de Reuters y The Associated Press
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