La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves el decreto de estado de emergencia económica firmado el martes por Nicolás Maduro —que juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección—, en respuesta a la guerra comercial desatada por la política arancelaria de EE. UU.
El decreto, según el Legislativo, permite a Maduro "dictar regulaciones excepcionales y transitorias para estabilizar la economía, suspender la aplicación y cobro de tributos, (...) establecer mecanismos para combatir la evasión fiscal y favorecer la producción nacional", entre otras medidas.
El documento aprobado por los diputados señala que se trata de una "respuesta inmediata y contundente al impacto de la guerra comercial global iniciada por el Gobierno supremacista" de EE. UU., que impuso aranceles del 15 % a Venezuela, país contra el que Washington también endureció su política de sanciones.
El decreto venezolano también autoriza a Maduro a tomar las medidas que considere para "promover la inversión nacional y extranjera, y autorizar las contrataciones necesarias para restablecer derechos fundamentales y accesos a servicios esenciales", todo con el fin de "proteger y preservar el equilibro económico de la nación".
La AN también acordó respaldar "las acciones y medidas establecidas en el decreto (...) para defender la soberanía e independencia del país, garantizando el margen de crecimiento económico en los sectores productivos".
El decreto fue presentado previamente por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien explicó que se trata de una "acción de prevención para garantizar, defender y acompañar la producción" venezolana, ante una incertidumbre que, señaló, "todavía no permite vislumbrar" lo que, sin embargo, prevé será una "situación muy compleja".
Asimismo, indicó que el decreto busca también "tener políticas más ágiles" para la exportación de productos no petroleros venezolanos, que deben salir al mundo "en condiciones más estrictas y restringidas de competitividad".
El decreto, prorrogable por 60 días, fue rechazado por la mayor coalición opositora —la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)—, que advirtió que Maduro busca concentrar "aún más poder" con una decisión que, a juicio de la alianza, abre la puerta a "abusos y discrecionalidad".
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
