El año pasado la banda venezolana Tren de Aragua acaparó titulares cuando surgieron informes que alegaban que sus miembros habían tomado el control de varios edificios de apartamentos en un suburbio de Colorado, extorsionando y aterrorizando a los residentes locales.
La banda ha operado por más de una década, pero recientemente ha estado bajo escrutinio luego de que el presidente Donald Trump la clasificara como una organización terrorista patrocinada por el Estado con vínculos con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, además de implementar deportaciones masivas de sus miembros utilizando una ley de 200 años de antigüedad conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.
Esto es lo que debe saber.
Orígenes
El Tren de Aragua (TdA) surgió en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, tomada por sus propios reclusos. Se cree que algunos de sus miembros originales eran trabajadores ferroviarios descontentos.Desde su creación alrededor de 2014, el Tren de Aragua (TdA) se ha expandido a otros países de América del Sur y ha sido vinculado a una amplia gama de delitos, incluidos el tráfico de drogas, la trata de personas, los préstamos usureros y esquemas de extorsión en Colombia, Chile y Perú.
Las autoridades chilenas responsabilizan al grupo por el secuestro y asesinato en abril de 2024 del exteniente venezolano Ronald Ojeda, un disidente del gobierno de Maduro que había recibido asilo en Santiago.
En noviembre de 2023, el medio InsightCrime informó que los sentimientos antivenezolanos estaban en aumento en Perú, alimentados por la extorsión y el hostigamiento a empresarios locales por parte de una banda vinculada al TdA.
Tras una protesta de empresarios y ataques contra migrantes venezolanos, la banda derivada del TdA publicó un video amenazando con matar a motociclistas locales en represalia.
Aunque la policía venezolana allanó la prisión de Tocorón y retomó el control en 2023, un venezolano que pidió anonimato dijo a The Epoch Times que los habitantes del país entendían que el Tren de Aragua había infiltrado por completo a las fuerzas del orden.
La persona también dijo que sentía que Maduro usaba esta banda para debilitar a las naciones vecinas a través del crimen y la inestabilidad.
Actividades en Estados Unidos
Joseph M. Humire, director ejecutivo del think tank Center for a Secure Free Society, testificó ante el Congreso que Venezuela, junto con Rusia, China, Cuba e Irán, buscaba “sacar provecho de la crisis fronteriza y migratoria de EE. UU.” introduciendo al Tren de Aragua como agentes del caos para desestabilizar el país.Humire afirmó que el gobierno de Maduro utilizaba al TdA para controlar la trata de personas, operando a través de organizaciones como la agencia estatal de inmigración SAIME.
“En 2018, se descubrió que el gobierno venezolano financió [organizaciones no gubernamentales] politizadas en Honduras, como Pueblo Sin Fronteras (PSF), responsable de organizar las caravanas centroamericanas. Los intereses de Venezuela en utilizar la migración como arma coinciden con su papel como plataforma para actores estatales externos, en particular China, Rusia e Irán, que han empleado medios de guerra asimétrica para desestabilizar el hemisferio occidental”, dijo ante un comité de la Cámara de Representantes el 11 de marzo.
Humire señaló que la operación se expandió a Estados Unidos en 2021, involucrando también a los carteles mexicanos en Texas, mientras que el TdA tiene mayor presencia en la costa este, especialmente en Nueva York.
El Tren de Aragua atrajo la atención nacional cuando se alegó que sus miembros controlaban tres edificios de apartamentos en Aurora, Colorado, y extorsionaban a sus inquilinos, en su mayoría venezolanos.
Al principio, la policía de Aurora se mostró reacia a vincular al TdA con los hechos, argumentando que creían que las actividades de la banda eran “aisladas”.
El alcalde de Aurora culpó al gobierno federal por la toma de los edificios y lanzó un grupo de trabajo para investigar por qué tantos inmigrantes venezolanos ilegales habían sido ubicados en el mismo complejo de apartamentos.
En un incidente similar, la policía de El Paso, Texas, allanó y cerró el Gateway Hotel después de que miembros de la banda lo hubieran controlado durante más de un año.
El Tren de Aragua también estuvo implicado en el asesinato de Nilzult Arneaud Petit, un texano de 33 años, quien, según la policía, fue asesinado en un intento fallido de robo en un cajero automático.
José Ibarra, condenado en noviembre por el asesinato de la estudiante de enfermería de Georgia Laken Riley en febrero de 2024, supuestamente tiene vínculos con el TdA. La muerte de Riley llevó a la aprobación de una ley que permite la deportación de cualquier inmigrante ilegal arrestado por delitos como hurto en tiendas, robo o agresión a un oficial de policía.
En marzo de 2024, los senadores republicanos de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, instaron al presidente Joe Biden a declarar a la banda como una organización criminal transnacional. Argumentaron que la medida estaba justificada por el impacto negativo de la banda en ciudades estadounidenses donde se había asentado, especialmente en las comunidades venezolanas de Florida.
Biden aceptó y sancionó al TdA en julio de 2024.
TdA y la administración Trump
En febrero, el Departamento de Estado designó al TdA, junto con otras bandas y cárteles extranjeros, como una organización terrorista extranjera, en cumplimiento de una orden de Trump desde su primer día en el cargo.El 15 de marzo, Trump invocó la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para arrestar y deportar de inmediato a presuntos miembros del TdA.
Como justificación, la Casa Blanca emitió un comunicado afirmando que la actividad de la banda constituye una “invasión” extranjera y que opera supuestamente “bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela”.
Poco antes del anuncio, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en nombre de cinco inmigrantes ilegales sospechosos de pertenecer al TdA para impedir su deportación. La ACLU alegó que Trump estaba utilizando la ley de manera indebida para privar a los deportados de su derecho al debido proceso.
“No puede aplicarse aquí contra nacionales de un país —Venezuela—, con el que Estados Unidos no está en guerra, que no está invadiendo el país ni ha lanzado una incursión depredadora en su territorio”, argumentaron en documentos judiciales.
El 15 de marzo, el juez de distrito de EE. UU. James Boasberg emitió un bloqueo verbal en la corte para impedir esas cinco deportaciones y luego dictó un fallo por escrito bloqueando en general deportaciones similares bajo la ley de 200 años.
Sin embargo, un avión con más de 250 deportados ya estaba en ruta a El Salvador, donde Trump había negociado un acuerdo con el presidente de ese país para albergarlos por $6 millones. El Departamento de Justicia indicó posteriormente que había cumplido con la orden verbal del juez respecto a los cinco demandantes del caso, pero que la orden escrita que detiene todas las deportaciones no se emitió hasta después del despegue del vuelo.
En una audiencia el 17 de marzo, Boasberg pidió al gobierno que presentara más detalles sobre las deportaciones, pero no llegó a declarar que los funcionarios habían desobedecido intencionalmente su orden judicial.
Con información de Reuters y Aldgra Fredly.
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