El grupo de abogados y ciudadanos peruanos que denunciaron a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI), por las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, ampliaron su denuncia al incluir información adicional sobre esos fallecimientos.
Este viernes, medios locales difundieron el documento, en el que los 18 denunciantes señalan que la ampliación de la denuncia responde a la necesidad de añadir más información recabada en los últimos meses y la situación actual de las víctimas de la represión de las protestas ocurridas a finales de 2022 e inicios de 2023.
Este mismo grupo de abogados y expolíticos presentaron la denuncia original el 20 de agosto de 2024 y esta incluye a Boluarte y a otras autoridades del Gobierno peruano "implicadas en los hechos que condujeron a la muerte de 49 peruanos y de, al menos, 344 heridos".
"Desde agosto de 2024 hasta la fecha, han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de autoridades del Perú, mientras se confirma, ante propios y extraños, que nadie purga condena por los abominables ilícitos penales que referimos, nadie ha sido llevado a juicio y nadie ha sido acusado ante el Poder Judicial", indica el documento.
Además, anunciaron que, con el apoyo de organizaciones internacionales, tienen previsto promover la creación de una Comisión de la Verdad, "que determine con precisión la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de todos los responsables".
Entre los denunciantes, se encuentran el exrepresentante de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Harold Forsyth, el excanciller Diego García Sayán, el exdefensor del pueblo y exministro Walter Albán, el exprocurador Antonio Maldonado, y la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, entre otros.
Esta es la segunda denuncia contra Boluarte ante la CPI, puesto que en junio de 2024, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) también presentaron una por este mismo tema.
Desde inicios de 2023, el Ministerio Público investiga a Boluarte por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
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