Una coalición de 26 fiscales generales republicanos presentó un escrito de amicus curiae en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE. UU. el 18 de marzo, en apoyo a los esfuerzos del presidente Donald Trump para deportar a presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El fiscal general de Virginia, Jason Miyares, y el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, codirigieron a otros 24 fiscales generales estatales en la presentación del escrito, pocos días después de que el juez de distrito de EE. UU. James Boasberg ordenara a la administración Trump detener temporalmente las deportaciones.
Al emitir una orden de restricción de 14 días, Boasberg dijo que el acto "no proporciona una base para la proclamación del presidente dado que los términos invasión, incursión depredadora realmente se relacionan con actos hostiles perpetrados por cualquier nación y equiparables a la guerra".
El amicus curiae presentado por los fiscales generales pide a la corte de apelaciones que levante la orden de restricción nacional, citando preocupaciones por la seguridad pública y la seguridad nacional.
Argumenta que la proclamación presidencial del 15 de marzo de Trump, que invoca la declaración de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de presuntos miembros del Tren de Aragua, se basa en una clara autoridad constitucional y estatutaria.
Los fiscales generales argumentan además que la corte de distrito "también se equivocó al no conceder al presidente la debida deferencia en el ejercicio de sus poderes estatutarios y constitucionales".
Al hacerlo, "la corte de distrito violó importantes principios de separación de poderes", afirma el escrito.
Alabama, Florida, Georgia, Iowa, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas, Utah y Virginia Occidental se encuentran entre los estados que firmaron el escrito amicus curiae.
Trump dice que las pandillas "llevan a cabo una guerra irregular"
La proclamación de Trump se refiere a todos los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que sean miembros del Tren de Aragua (TdA) y que no sean ciudadanos o residentes permanentes legales de Estados Unidos.Afirma que los miembros de la banda están "llevando a cabo acciones hostiles y una guerra irregular" contra Estados Unidos, tanto directamente como "bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela".
"A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, entre ellas TdA. El resultado es un Estado criminal híbrido que está perpetrando una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para Estados Unidos", afirma la proclamación.
Horas después de que Trump emitiera la proclamación, los abogados de cinco detenidos venezolanos en proceso de deportación de Estados Unidos presentaron una demanda, lo que llevó a Boasberg a emitir la orden de restricción.
El 17 de marzo, Boasberg ordenó a la administración Trump que proporcionara información sobre dos aviones que transportaban a venezolanos que salieron de Estados Unidos con destino a El Salvador a pesar de la prohibición temporal vigente.
En respuesta a la pregunta de Boasberg, Robert Cerna, director en funciones de la oficina de campo de la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), declaró bajo juramento que los dos vuelos ya habían salido del espacio aéreo estadounidense antes de que se emitiera la orden escrita del juez.
Cerna dijo que un tercer avión también partió durante el fin de semana después de que se emitiera la orden, pero que solo transportaba a deportados sujetos a órdenes finales de expulsión separadas del Título 8, lo que significa que no fueron deportados únicamente en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Con información de Reuters.
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