El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 9 de abril que impide al bufete de abogados Susman Godfrey acceder a los recursos y edificios del gobierno.
Susman Godfrey, que representa a Dominion Voting Systems en demandas por difamación contra el exabogado personal de Trump, Rudy Giuliani, es el último bufete de abogados en ser blanco de la administración. Las órdenes ejecutivas anteriores prohibían a las empresas hacer negocios con el gobierno de EE. UU. Algunas de las empresas llegaron a acuerdos con la administración.
La última orden ejecutiva suspende las autorizaciones de seguridad de los empleados de Susman Godfrey y prohíbe a las agencias gubernamentales contratar a empleados actuales de la empresa a menos que obtengan permiso.
También se han rescindido los contratos de Susman Godfrey con el gobierno.
La orden acusa a la empresa de encabezar "esfuerzos para convertir el sistema legal estadounidense en un arma y degradar la calidad de las elecciones estadounidenses" y de financiar "grupos que participan en esfuerzos peligrosos para socavar la eficacia del ejército estadounidense mediante la inyección de ideología política y radical, y apoya los esfuerzos para discriminar por motivos de raza".
También alega que Susman Godfrey ha discriminado por motivos de raza, citando un programa en el que el bufete "ofrece recompensas económicas y oportunidades de empleo solo a 'estudiantes de color'".
Susman Godfrey, con sede en Houston, Texas, representa actualmente al fabricante de máquinas de votación electrónica Dominion Voting Systems en demandas por difamación contra Giuliani, la exabogada de la campaña de Trump Sidney Powell y otros relacionados con los esfuerzos de Trump para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
El miércoles, un juez de Delaware falló a favor de Dominion y sus abogados de Susman Godfrey en un caso relacionado contra Newsmax. En 2023, Fox News acordó pagar a Dominion 787.5 millones de dólares para resolver un caso similar relacionado con las elecciones que también estaba llevando Susman Godfrey.
En una declaración a The Epoch Times, Susman Godfrey dijo que impugnará la orden ejecutiva.
"Cualquiera que conozca a Susman Godfrey sabe que creemos en el estado de derecho y nos tomamos en serio nuestro deber de defenderlo", dijo el bufete de abogados.
"Este principio nos guía ahora. No hay duda de que lucharemos contra esta orden inconstitucional".
Varios bufetes de abogados anteriormente atacados por Trump han llegado a un acuerdo con la Casa Blanca, comprometiéndose a proporcionar asesoramiento pro bono para veteranos y otras causas.
Willkie Farr and Gallagher, que emplea al ex segundo caballero Doug Emhoff, acordó proporcionar 100 millones de dólares en dicho asesoramiento. Skadden y Milbank dijeron que harían lo mismo.
Paul, Weiss acordó hacer 40 millones de dólares en trabajo pro bono relacionado con la defensa de los veteranos y la lucha contra el antisemitismo. Trump rescindió la orden ejecutiva dirigida a Paul, Weiss tras el acuerdo.
En la orden ejecutiva para deshacer la anterior, Trump declaró que el bufete de abogados "ha reconocido las malas acciones de su antiguo socio Mark Pomerantz, y ha aceptado una serie de cambios en la política para promover la igualdad, la justicia y los principios que mantienen fuerte a nuestra nación".
Pomerantz trabajó en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan y formó parte de la investigación sobre Trump mientras este no ocupaba el cargo. Trump fue acusado y condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales y violación de las leyes de campaña relacionadas con un pago en efectivo a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Por su sentencia, Trump recibió una absolución incondicional, lo que no supuso ninguna sanción.
Los cambios de política en Paul, Weiss, según la orden ejecutiva, incluyen «adoptar una política de neutralidad política con respecto a la selección de clientes y la contratación de abogados; asumir una amplia gama de asuntos pro bono que representen a todo el espectro político; comprometerse con la contratación, promoción y retención basadas en el mérito, en lugar de políticas de 'diversidad, equidad e inclusión'».
Otros bufetes de abogados a los que Trump apuntó, como Perkins Coie, WilmerHale y Jenner & Block, acudieron a los tribunales para tratar de anular las órdenes ejecutivas que los afectan.
Con información de Jacob Burg y Reuters
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