Tres ciudadanos estadounidenses acusados de participar en un ataque armado para derrocar al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) fueron trasladados a custodia estadounidense y ahora enfrentan cargos federales relacionados con terrorismo, según autoridades de EE. UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 9 de abril que Marcel Malanga, de veintidós años; Tyler Thompson, de veintidós años; y Benjamin Zalman-Polun, de treinta y siete años, fueron acusados de conspirar para brindar apoyo material a terroristas, conspiración para usar armas de destrucción masiva y otros delitos federales.
Un cuarto estadounidense, Joseph Peter Moesser, de sesenta y siete años, fue arrestado en Utah y enfrenta cargos similares.
“Según se alega en la denuncia, los acusados conspiraron para llevar a cabo ilegalmente un golpe de Estado en la República Democrática del Congo (RDC). Los coconspiradores realizaron una operación militar armada (Ataque Golpista Armado) dirigida específicamente contra el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, y el viceprimer ministro de Economía, Vital Kamerhe (Kamerhe), atacando tanto el Palais de la Nation (la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente) como la residencia privada de Kamerhe en Kinshasa, RDC”, declaró el DOJ.
En mayo de 2024, hombres armados con uniforme de camuflaje, entre ellos ciudadanos estadounidenses, irrumpieron en los edificios en Kinshasa y dejaron al menos seis muertos, incluidos dos policías y un civil.
El presunto cabecilla fue Christian Malanga, un activista político congoleño radicado en EE. UU., quien murió durante el ataque. Su hijo, Marcel Malanga, está acusado de autodenominarse “jefe del Estado Mayor del ejército del Zaire”. El grupo había planeado cambiar el nombre del país a Nuevo Zaire.
Moesser presuntamente proporcionó explosivos al grupo, diseñó bombas lanzables desde drones y suministró lanzallamas destinados a ser montados en drones.
Thompson está descrito como operador de drones y combatiente. Los fiscales dicen que el grupo planeaba usar drones para lanzar bombas e incendiarios, incluidos lanzallamas, sobre personas y edificios, lo que fundamenta los cargos por uso de armas de destrucción masiva.
También habrían obtenido armas de fuego y realizado entrenamientos en Estados Unidos —incluidos campos de tiro en Salt Lake City— y en África.
Los fiscales federales alegan que parte del plan fue ideado y financiado desde dentro de EE. UU., lo que les da jurisdicción bajo las leyes antiterroristas.
Los tres estadounidenses estaban entre las 37 personas condenadas a muerte por un tribunal militar de la RDC en septiembre de 2024. Su repatriación se dio tras negociaciones diplomáticas de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y congoleños, incluida una visita a Kinshasa del asesor principal para África del presidente Donald Trump, Massad Boulos.
El gobierno de la RDC habría conmutado sus condenas y los transfirió a custodia estadounidense la semana pasada, permitiendo que cumplan su condena en suelo estadounidense.
Las negociaciones ocurren en medio de conversaciones más amplias entre EE. UU. y el Congo sobre un acuerdo de minerales por seguridad, mientras Washington busca mayor acceso a las reservas congoleñas de cobalto y otros materiales clave para la producción de baterías y dispositivos electrónicos.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan cadena perpetua por los cargos más graves.
Con información de Reuters.
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