Un juez federal de Texas anuló una norma de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) que habría limitado a 8 dólares la mayoría de los cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito, un día después de que grupos bancarios y empresariales llegaran a un acuerdo con la agencia para poner fin a su impugnación legal de la norma.
En una orden emitida el 15 de abril, el juez federal de distrito Mark Pittman en Fort Worth, Texas, aprobó una moción conjunta de la CFPB y una coalición de seis grupos industriales —incluida la Cámara de Comercio de EE. UU. y la Asociación Americana de Banqueros— para dejar sin efecto la norma, poniendo fin a una batalla legal por el intento de la agencia de limitar la mayoría de los cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito a 8 dólares.
La sentencia final de la corte llega tras meses de litigio sobre la regulación de la CFPB de marzo de 2024, que sustituyó un antiguo marco de salvaguardia que permitía a los emisores de tarjetas cobrar hasta 30 dólares por el primer pago atrasado y 41 dólares por infracciones posteriores. La norma, que forma parte de la iniciativa más amplia de la administración Biden para combatir las llamadas "tarifas basura", provocó una reacción inmediata del sector financiero, que argumentó que excedía la autoridad legal de la agencia y que, en última instancia, perjudicaría a los consumidores.
En su demanda, los demandantes argumentaron que la norma de la CFPB infringía la Ley de Responsabilidad y Divulgación de Tarjetas de Crédito (CARD) al no permitir cargos por mora que fueran razonables y proporcionales a la infracción. También argumentaron que la agencia había ignorado factores legales clave —como la disuasión y el comportamiento del consumidor— y había basado la norma en datos erróneos y poco transparentes que no reflejaban plenamente los costos de los emisores.
"Si la CFPB hubiera interpretado correctamente el estatuto y se hubiera basado en datos apropiados, habría tenido que concluir que la nueva norma no permite, de hecho, la recuperación de una multa 'razonable y proporcional'", escribieron los demandantes en su denuncia.
Pittman previamente se pronunció a favor de los demandantes en un fallo de diciembre de 2024, otorgando una medida cautelar y determinando que era probable que prosperaran sus reclamaciones en cuanto al fondo. Al aprobar la moción conjunta de sentencia por consentimiento esta semana, el tribunal anuló formalmente la norma amparada por la Ley de Procedimiento Administrativo y desestimó las reclamaciones restantes del caso con perjuicio, lo que significa que la demanda no puede volver a presentarse.
En una declaración conjunta emitida después del fallo, las seis organizaciones demandantes celebraron el resultado y lo calificaron de "una victoria para los consumidores y el sentido común".
"Si la norma de la CFPB hubiera entrado en vigor, habría dado lugar a más retrasos en los pagos, calificaciones crediticias más bajas, tasas de interés más altas y un menor acceso al crédito para aquellos que más lo necesitan", dice la declaración conjunta. "También habría penalizado a los millones de estadounidenses que pagan sus tarjetas de crédito a tiempo y habría reducido importantes incentivos para que los consumidores gestionen sus finanzas. Agradecemos que la CFPB haya reconocido que la norma violaba la ley y la disposición de la Oficina para resolver nuestra impugnación legal".
Tras la anulación de la norma, se mantienen los límites de salvaguardia anteriores de la CFPB —30 dólares por el primer pago atrasado y 41 dólares por infracciones posteriores. Estos montos, que se ajustaban periódicamente según la inflación, siguen sujetos al requisito legal de la Ley CARD de que las tarifas sean razonables y proporcionales a la infracción.
El fallo ocurre en un momento en que la administración Trump está derogando varias regulaciones de la era Biden que considera onerosas para las empresas. Por ejemplo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 14 de marzo que derogó las políticas que aumentaban el salario mínimo para los contratistas federales e imponían protecciones globales a los derechos de los trabajadores.
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