Una jueza federal falló en contra de la orden ejecutiva de la administración Trump que prohibe el uso de una “X” en pasaportes marcados por personas que se identifican como ni hombre ni mujer.
La jueza federal Julia Kobick, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, concedió a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) una orden judicial preliminar el 18 de abril, suspendiendo la acción ejecutiva del presidente que requería que se utilizara el sexo, en lugar de la identidad de género, como identificador en documentos oficiales emitidos por el gobierno.
La orden ejecutiva, titulada “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal”, fue una de varias firmadas por el presidente Donald Trump en su primer día en el cargo.
“La política de los Estados Unidos es reconocer dos sexos, masculino y femenino”, afirma la orden. “Estos sexos no son modificables y están basados en una realidad fundamental e incontrovertible”.
La orden señalaba que la identidad de género “refleja un sentido completamente interno y subjetivo del ser, desconectado de la realidad biológica y el sexo, y que existe en un continuo infinito, lo cual no proporciona una base significativa para la identificación y no puede ser reconocido como un reemplazo del sexo”.
La orden instruía a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, así como al director de la Oficina de Administración de Personal, a “implementar cambios para exigir que los documentos de identificación emitidos por el gobierno, incluidos pasaportes, visas y tarjetas Global Entry, reflejen con precisión el sexo del titular”.
También ordenaba la anulación de documentos de orientación federal previos, incluyendo “La guía de la Casa Blanca sobre igualdad para personas transgénero”.
La ACLU emprendió acciones legales contra la orden en nombre de cinco demandantes que se identifican como transgénero y dos que se identifican como no binarios, con el objetivo de preservar las políticas pro-LGBT implementadas bajo el presidente Joe Biden, las cuales permiten una tercera opción en los documentos de identificación.
“Todos tenemos derecho a documentos de identidad precisos, y esta política invita al acoso, la discriminación y la violencia contra los estadounidenses transgénero que ya no pueden obtener o renovar un pasaporte que refleje quiénes son”, dijo en un comunicado la abogada de la ACLU, Sruti Swaminathan.
La administración Trump argumentó que el presidente tenía amplia discreción para establecer la política de pasaportes, y que dichos cambios no “violaban las garantías de igualdad de protección de la Constitución”. El gobierno federal también negó que los demandantes sufrieran algún perjuicio debido a la política, ya que aún tenían libertad para viajar al extranjero.
La jueza señaló que la administración no demostró intereses gubernamentales sustanciales para cambiar la norma.
“La Orden Ejecutiva y la Política de Pasaportes, en su forma literal, clasifican a los solicitantes de pasaportes en función del sexo y, por tanto, deben ser revisadas bajo un estándar intermedio de escrutinio judicial,” escribió Kobick. “Ese estándar exige que el gobierno demuestre que sus acciones están sustancialmente relacionadas con un interés gubernamental importante. El gobierno no ha cumplido con este estándar.”
Con información de Stacy Robinson y The Associated Press.
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