La administración Trump presentó el 19 de abril su respuesta a la orden de la Corte Suprema que bloqueó temporalmente la deportación de un grupo de venezolanos acusados de pertenecer a pandillas criminales.
La orden, emitida poco después de la medianoche del sábado, fue en respuesta a una solicitud de emergencia presentada el 18 de abril por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa legalmente a los venezolanos amenazados de deportación bajo el uso que hizo la administración de la Ley de Enemigos Extranjeros.
“La Corte ordena que no se remueva del país a ningún miembro del grupo de detenidos en cuestión hasta nueva orden de esta Corte”, dice el documento. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra de la decisión.
La ACLU pidió a la Corte Suprema intervenir de forma urgente, argumentando que decenas de ciudadanos venezolanos podrían ser deportados de inmediato sin el debido proceso judicial que la Corte ya había establecido anteriormente.
En su respuesta del sábado, presentada por el fprocurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, la administración Trump pidió a los jueces rechazar la solicitud de la ACLU tras una revisión más profunda.
“Como mínimo, si la Corte mantiene su suspensión administrativa, el gobierno solicita respetuosamente que aclare que dicha suspensión aplica únicamente a las deportaciones bajo la Ley de Extranjeros Enemigos, y que su orden no impide deportaciones bajo otras autoridades migratorias”, escribió Sauer.
“Los presuntos miembros del grupo podrían estar sujetos a deportación de forma independiente bajo el Título 8, incluso por pertenecer a una organización terrorista extranjera u otras razones”.
La solicitud de emergencia de la ACLU impugna el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos por parte del presidente Donald Trump para deportar a inmigrantes ilegales acusados de ser miembros de pandillas criminales. También están solicitando una orden de restricción temporal ante la Corte Federal del Distrito de Columbia y una suspensión de deportación ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
Trump firmó una proclamación el 14 de marzo, declarando oficialmente como organización terrorista extranjera a la pandilla venezolana Tren de Aragua, junto con la salvadoreña MS-13 y varios cárteles mexicanos.
El presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para autorizar la "detención, retención y expulsión inmediatas" de los miembros del grupo que sean ciudadanos venezolanos mayores de 14 años y que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales en Estados Unidos.
La ACLU argumenta en su solicitud que sus representados enfrentan un “peligro inminente y continuo de ser expulsados de Estados Unidos sin notificación ni oportunidad de defensa, en contradicción directa con la decisión de esta Corte en el caso Trump contra J.G.G.”.
“Muchos ya fueron subidos a autobuses, presumiblemente rumbo al aeropuerto”, advierte el documento, y señala que corren riesgo de ser enviados a una prisión en El Salvador.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó una declaración en la red social X tras la sentencia de la Corte Suprema del sábado.
“Confiamos en que finalmente prevaleceremos frente a la avalancha de demandas sin mérito presentadas por activistas radicales que se preocupan más por los derechos de estos extranjeros terroristas que por los del pueblo estadounidense”, escribió Leavitt.
Con información de Matthew Vadum.
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