El juez de la Corte Suprema Samuel Alito presentó un voto particularmente enérgico contra la orden judicial emitida a primera hora del 19 de abril que bloqueaba temporalmente la deportación por parte de la Administración Trump de presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
La opinión disidente, a la que se sumó el juez Clarence Thomas, se publicó en el sitio web de la corte a primera hora del 20 de abril.
«En resumen, literalmente en mitad de la noche, la corte dictó una medida sin precedentes y jurídicamente cuestionable sin dar a las cortes inferiores la oportunidad de pronunciarse, sin escuchar a la parte contraria, en menos de ocho horas desde la recepción de la solicitud, con un apoyo fáctico dudoso para su orden y sin proporcionar ninguna explicación al respecto», escribió Alito.
«Me negué a sumarme a la orden de la corte porque no teníamos ninguna razón válida para pensar que, dadas las circunstancias, era necesario o apropiado dictar una orden a medianoche».
«Tanto el Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de cumplir la ley. El Ejecutivo debe proceder según los términos de nuestra orden en el caso Trump vs J.G.G., y esta corte debe seguir los procedimientos establecidos», escribió Alito.
En el caso Trump contra J.G.G., la Corte Suprema concedió el 7 de abril la solicitud del presidente de suspender las órdenes de un juez federal de distrito que le impedían a su administración utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua, pero determinó que los detenidos deben tener la oportunidad de impugnar su expulsión.
La suspensión administrativa de una página sin firmar emitida a principios del 19 de abril a la que se refirió Alito ordenaba al Gobierno federal «no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta una nueva orden de esta corte».
Una suspensión administrativa da a los jueces más tiempo para considerar la solicitud de emergencia para bloquear las deportaciones. Esa orden no proporcionaba una explicación de por qué actuó así la corte.
La orden se emitió después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentara una solicitud de emergencia en nombre de dos ciudadanos venezolanos a última hora del 18 de abril en la que le pedía a la Corte Suprema que bloqueara inmediatamente su deportación.
La solicitud de emergencia en el caso A.A.R.P. y W.M.M. contra Trump impugna el uso por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes ilegales que son presuntos o confirmados miembros de bandas criminales. A.A.R.P. y W.M.M. son las iniciales de dos de los detenidos.
La ACLU también solicitó una orden de restricción temporal a la Corte de Distrito de Estados Unidos en el Distrito de Columbia, así como la suspensión de la orden de expulsión del Quinto Circuito, según la solicitud.
El 14 de marzo, Trump firmó la Proclamación 10903, en la que declaraba oficialmente que el Tren de Aragua, una organización designada como terrorista extranjera, «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos».
El grupo está utilizando la inmigración ilegal masiva a Estados Unidos para dañar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen socialista venezolano con el que está asociado para desestabilizar «las naciones democráticas de América, incluido Estados Unidos», según la proclamación.
El presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para autorizar la «aprehensión, detención y expulsión inmediatas» de los miembros del grupo que sean ciudadanos venezolanos mayores de 14 años y que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales en Estados Unidos.
La solicitud afirma que los clientes de la ACLU están impugnando el uso que hace la administración Trump de la ley federal para deportarlos. Los clientes «corren un peligro inminente y continuo de ser expulsados de Estados Unidos sin previo aviso ni oportunidad de ser oídos, en contravención directa de la orden de esta corte en el caso Trump vs J.G.G.».
«Muchas personas fueron subidas a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto», y corren el riesgo de ser enviadas a una prisión en El Salvador, según la solicitud.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
