El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la creación de un grupo especial enfocado en proteger los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley.
"Durante mucho tiempo, la Segunda Enmienda, que establece el derecho individual fundamental de los estadounidenses a poseer y portar armas, se trató como un derecho de segunda categoría. Ya no más". La fiscal general Pamela Bondi escribió en un memorando dirigido a todos los empleados del DOJ el martes.
"El presidente Donald Trump ha convertido la protección de los derechos de la Segunda Enmienda en una prioridad para esta administración".
La fiscal general dijo que el presidente le ordenó proponer un plan de acción diseñado "para proteger los derechos de la Segunda Enmienda de todos los estadounidenses".
Bondi dijo que el objetivo principal del "Grupo Especial de la Segunda Enmienda" es desarrollar políticas y estrategias legales para "avanzar, proteger y promover el cumplimiento de la Segunda Enmienda".
El grupo especial, presidido por Bondi, contará con miembros del personal de su oficina y de las oficinas del fiscal deneral adjunto y fiscal general asistente. Contará con miembros de la División Civil, de la División de Derechos Civiles y de la División Criminal. Contará también con miembros de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y del FBI.
El grupo especial podrá convocar al personal de otras agencias para que asista en sus operaciones cuando se requiera.
La orden ejecutiva de Trump
El grupo especial implementa la orden ejecutiva de Trump número 14206, “Protegiendo los Derechos de la Segunda Enmienda”, que instruyó a la fiscal general revisar todas las acciones relacionadas con armas de fuego de la administración Biden.En un comunicado de prensa del miércoles, Bondi dijo que "la administración anterior impuso una carga indebida a los propietarios y vendedores de armas al atacar a ciudadanos respetuosos de la ley que ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda".
El lunes la ATF dijo que derogó la Política de Cumplimiento Regulatorio Mejorado del presidente Joe Biden. La iniciativa del 2021, también conocida como "política de cero tolerancia", estableció normas estrictas de inspección para los distribuidores de armas. Permitió a la ATF revocar licencias por errores administrativos menores que antes se consideraban justificables.
"Este Departamento de Justicia cree que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase", dijo Bondi en un comunicado de prensa de la ATF.
"La política de 'cero tolerancia' de la administración anterior atacó injustamente a los propietarios de armas que respetan la ley y creó una carga indebida para los estadounidenses que buscan ejercer su derecho constitucional a portar armas; esto termina hoy», dijo.
El Departamento de Justicia y la ATF también tienen previsto revisar la "regla del soporte estabilizador" y los límites para determinar quién se considera que "participa en el negocio" de la venta de armas de fuego.
La regla del soporte estabilizador pretendía reclasificar armas con soportes estabilizadores adheridos. Estos accesorios se diseñaron originalmente para que personas con discapacidades disparen pistolas con más comodidad. La reclasificación convierte estas pistolas en rifles de cañón corto, lo que implica regulaciones más estrictas. Los críticos argumentaron que la regla convirtió a millones de propietarios de armas que cumplen la ley en potenciales delincuentes de un día para otro, al reclasificar sus pistolas adquiridas legalmente.

La norma del 2024 para quienes "participan en el negocio" de la comercialización de armas de fuego amplió la definición de quién califica como distribuidor de armas según la ley federal. Según los críticos, esto difuminó la línea entre las ventas privadas y el comercio, criminalizando potencialmente a los aficionados.
El entonces Director interino de la ATF, Kash Patel, quien fue sucedido en la ATF por el secretario del ejército, Daniel P. Driscoll, el miércoles, calificó las medidas de “un paso fundamental para restaurar la equidad y la claridad en la regulación de armas de fuego”.
El Departamento de Justicia dijo que trabajará con organizaciones defensoras de los derechos de las armas, fabricantes de armas de fuego y expertos legales en los próximos meses para garantizar que las políticas se ajusten a los derechos constitucionales de los estadounidenses.
De NTD News
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