​DOGE afirma que 315,000 tarjetas de crédito fueron canceladas o limitadas por agencias federales

Elon Musk llega al discurso del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de EE. UU. en Washington, el 4 de marzo de 2025. (Saul Loeb/AFP vía Getty Images)

Elon Musk llega al discurso del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de EE. UU. en Washington, el 4 de marzo de 2025. (Saul Loeb/AFP vía Getty Images)

Por Jack Phillips26 de marzo de 2025, 11:51 p. m.
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El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) informó que aproximadamente 315,000 tarjetas de crédito gubernamentales fueron canceladas o limitadas por diversas agencias federales bajo un programa de reducción de costos.

El grupo, afiliado a Elon Musk, escribió el martes en una publicación que "cerca de [aproximadamente] 315,000 tarjetas de crédito" fueron canceladas por diversas agencias federales, lo que representa un aumento respecto a las cerca de 298,000 cancelaciones registradas hasta el domingo. El DOGE explicó que este incremento se produjo tras aplicar un "programa piloto" de cinco semanas.

Las cancelaciones de tarjetas de crédito esta semana afectaron a agencias como los Departamentos de Seguridad Nacional, Interior, Comercio, Tesoro, Estado, Vivienda y Desarrollo Urbano, Salud y Servicios Humanos, Educación, Agricultura y Trabajo.

Según una hoja de cálculo publicada por el DOGE, también se cancelaron tarjetas de crédito usadas por la NASA, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gestión de Personal, la Administración del Seguro Social, la Agencia de Protección Ambiental, entre otras.

El mes pasado, el DOGE dijo en un comunicado que identificó más de 4.6 millones de tarjetas de crédito gubernamentales, que representaron más de 90 millones de transacciones únicas por un total superior a $40 mil millones el año pasado.

Al señalar la cantidad de tarjetas de crédito de las agencias, el DOGE indicó que "todavía queda más trabajo por hacer".

Cuando se anunció esta cifra, el DOGE también publicó un desglose del gasto acumulado en el año de varias agencias, así como sus cuentas activas y montos de transacción. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos de Veteranos tuvo el mayor gasto con más de $17.3 mil millones, mientras que el Departamento de Defensa ocupó el segundo lugar con más de $11.2 mil millones.

Los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional también gastaron más de $1 mil millones a través de sus cuentas de tarjetas de crédito, mientras que agencias gubernamentales más pequeñas y otras organizaciones registraron en conjunto gastos superiores a $2.3 mil millones.

Desde que el presidente Donald Trump creó el DOGE mediante una orden ejecutiva en enero, el grupo ha ido de agencia en agencia identificando gastos y programas para recortar.

Sin embargo, el DOGE también ha enfrentado varias demandas sobre su acceso a distintas agencias federales y bases de datos, incluyendo sistemas operados por la Administración del Seguro Social y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

En una demanda de la semana pasada, una jueza federal le bloqueó el acceso a registros del Seguro Social, citando las preocupaciones de privacidad de los demandantes. La jueza también cuestionó si DOGE tenía una razón legítima para acceder a los datos bajo el pretexto de combatir el fraude, el abuso y el despilfarro.

"El público estadounidense podría aplaudir y apoyar la misión del gobierno de Trump para erradicar el fraude, el despilfarro y el exceso en agencias federales, incluyendo la SSA, en la medida que existan. Pero, ¿por qué medios y métodos?", escribió la jueza de distrito estadounidense Ellen Hollander. "El equipo de DOGE básicamente está en una expedición de pesca en la SSA, buscando una epidemia de fraude con poco más que sospechas".

El 24 de marzo, el DOGE fue bloqueado del acceso a datos del Departamento de Educación por orden de otra jueza, quien también apoyó los argumentos de los demandantes sobre posibles violaciones de las leyes de privacidad por parte de la organización.

La jueza federal Deborah Boardman escribió, al fallar contra DOGE y el gobierno, que la administración Trump aún puede llevar adelante la agenda del presidente sin recibir acceso ilimitado a una gran cantidad de datos personales sobre empleados federales y personas con préstamos estudiantiles y beneficios gubernamentales, incluyendo información sobre sus ingresos, activos, números de Seguro Social, fechas de nacimiento, direcciones particulares y estatus civil y de ciudadanía.

Con información de The Associated Press.


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