El presidente Donald Trump firmó un memorando el 18 de marzo que elimina las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de los puestos del servicio exterior.
La orden exige a todos los jefes de agencia que eviten basar cualquier decisión de reclutamiento, contratación, promoción o retención en el servicio exterior en la "raza, color, religión, sexo u origen nacional" de un solicitante.
Los secretarios de departamento que actúen en calidad oficial también tienen prohibido promover, defender o apoyar la "ideología de equidad discriminatoria", que la administración definió en una orden ejecutiva anterior como una ideología que trata a las personas como "miembros de grupos preferidos o desfavorecidos, en lugar de como individuos".
Además, la orden exige a los jefes de agencia que tomen las medidas adecuadas bajo su autoridad si encuentran a algún trabajador del servicio exterior que hayan nombrado y que haya participado en estas prácticas, y que determinen si deben remitir esos hallazgos al presidente para su consideración.
El Secretario de Estado debe revisar los "Criterios de decisión para la permanencia y la promoción en el Servicio Exterior" de 2022-2025 para eliminar cualquier referencia a la "Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad".
Se ordena a los jefes de departamento que ordenen a todos los trabajadores federales que no den a este "Precepto Básico" ninguna "fuerza o efecto".
El memorando es la última acción ejecutiva de Trump contra las políticas de DEI en el gobierno federal.
Una orden anterior exigía a todas las agencias que pusieran fin a los programas y prácticas de contratación de DEI, incluidas las subvenciones y contratos "relacionados con la equidad", mientras que otra orden prohíbe la financiación federal a las organizaciones que promueven la DEI y sugiere acciones de aplicación de los derechos civiles contra los programas de DEI que supuestamente violan las leyes contra la discriminación.
También exige a todos los beneficiarios de subvenciones federales que certifiquen que no llevan a cabo programas que promuevan políticas de DEI.
El 19 de febrero, una coalición de grupos activistas demandó al gobierno de Trump por las órdenes ejecutivas sobre DEI, así como por las relacionadas con las personas transgénero, debido a la pérdida de financiación federal por la cancelación de contratos y la incapacidad de las organizaciones para prestar "servicios sociales y sanitarios esenciales".
Un juez federal emitió un requerimiento judicial preliminar dos días después, bloqueando parcialmente las órdenes ejecutivas del presidente que retiraban el apoyo a los programas de DEI, alegando que las acciones de Trump probablemente violaban la Constitución de los Estados Unidos, incluido el derecho a la libertad de expresión.
El juez de distrito de los Estados Unidos Adam B. Abelson también prohibió a la administración poner fin o modificar los contratos y subvenciones federales relacionados con la DEI.
A principios de este mes, Abelson amplió su fallo anterior, impidiendo que la administración Trump revirtiera los programas de la DEI en todas las agencias, departamentos y comisiones federales.
Sin embargo, el 14 de marzo, una corte federal de apelaciones restableció temporalmente las dos órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a los programas y contratos federales de DEI, anulando la sentencia de Abelson.
El panel de tres jueces señaló que era probable que la administración tuviera éxito en su apelación.
Con información de Matthew Vadum, Tom Ozimek y Aldgra Fredly.
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