Una partera y dos trabajadores de una clínica fueron arrestados en Texas y acusados de practicar abortos ilegalmente. El hecho se generó uno de los primeros juicios de este tipo desde que el estado promulgó algunas de las restricciones al aborto más duras del país hace más de dos años.
La partera María Margarita Rojas, propietaria y operadora de una red de clínicas en el área noroeste de Houston, fue acusada de realizar un aborto ilegal, así como de ejercer la medicina sin licencia, anunció el lunes el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Según un comunicado de la oficina de Paxton, las clínicas supuestamente «empleaban ilegalmente a personas sin licencia que se presentaban falsamente como profesionales médicos con licencia».
El cargo de aborto, clasificado como delito grave de segundo grado, conlleva una pena de prisión de hasta 20 años y una multa de hasta 10,000 dólares. Además, el infractor podría enfrentarse a sanciones civiles de al menos 100,000 dólares por infracción en virtud de la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas (HLPA).
La HLPA se convirtió en ley en 2021 y entró en vigor aproximadamente un año después, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la regulación a los abortos volviera a ser competencia de los estados individuales. La ley prohíbe los abortos desde el momento de la concepción, y la única excepción es cuando la mujer embarazada tiene una enfermedad potencialmente mortal.
También se detuvo a dos hombres.
José Ley, empleado de una clínica, fue acusado de ayudar a Rojas en al menos un aborto a pesar de carecer de licencia médica para ejercer en Texas. Ley, de nacionalidad cubana, entró ilegalmente en Estados Unidos en 2022 y más tarde fue puesto en libertad condicional por la administración Biden, según la oficina de Paxton.
Rubildo Matos, también de Cuba, fue arrestado y acusado de conspiración para ejercer la medicina sin licencia como enfermero. La oficina de Paxton dijo que su licencia está actualmente en período de prueba por parte de los reguladores estatales.
No fue posible contactar inmediatamente a los abogados que representan a los sospechosos para que hicieran comentarios.
Paxton dijo que su departamento todavía está investigando el caso.
«En Texas, la vida es sagrada. Siempre haré todo lo que esté en mi mano para proteger a los no nacidos, defender las leyes provida de nuestro estado y trabajar para garantizar que se procese plenamente a las personas sin licencia que ponen en peligro la vida de las mujeres realizando abortos ilegales», dijo en un comunicado.
«La ley de Texas que protege la vida es clara, y haremos responsables a quienes la violen».
El fiscal general reiteró que la prohibición al aborto en el estado se centra en procesar a los proveedores de atención médica que realizan abortos ilegales, no a las pacientes que buscan el procedimiento.
Este caso penal sigue a una demanda civil separada del pasado diciembre, cuando Texas demandó a Margaret Carpenter, una médica con sede en la ciudad de Nueva York, por recetar y enviar píldoras abortivas por correo a una paciente en Dallas sin tener una licencia médica de Texas.
El mes pasado, un juez de Texas multó a Carpenter con 100,000 dólares en concepto de sanción civil y emitió un requerimiento judicial permanente que le prohibía recetar medicamentos abortivos a residentes de Texas a través de la telemedicina si no tenía licencia médica en ese estado.
Esa misma médica fue acusada por un gran jurado de Luisiana en enero, acusada de enviar ilegalmente píldoras abortivas a una mujer que supuestamente se las dio a su hija adolescente embarazada. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que su estado no accederá a ninguna solicitud de extradición de Carpenter.
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