El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió a Venezuela que se enfrentará a nuevas y duras sanciones si se niega a aceptar vuelos de deportación que transporten a ciudadanos venezolanos, incluidos miembros de la banda Tren de Aragua, a los que la administración Trump ha puesto como objetivo para su rápida expulsión de Estados Unidos.
«Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde EE. UU. Esto no es un tema de debate o negociación», dijo Rubio en una publicación del 18 de marzo en las redes sociales. «A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni retrasos, EE. UU. impondrá nuevas sanciones, más severas y cada vez más duras».
El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha rechazado sistemáticamente las sanciones de Estados Unidos, calificándolas como medidas ilegítimas que constituyen una «guerra económica» destinada a paralizar a Venezuela.
La advertencia de Rubio se produce cuando la administración impulsa la deportación de ciudadanos venezolanos que son miembros de Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. La banda fue designada como organización terrorista extranjera, y el presidente Donald Trump acusó recientemente al régimen de Maduro de utilizar a sus miembros como operativos para llevar a cabo «acciones hostiles» dentro de Estados Unidos.
La proclamación de Trump, que invoca una ley del siglo XVIII que rara vez se utiliza, clasifica a los miembros de Tren de Aragua como «enemigos extranjeros», lo que permite su rápido arresto y deportación. La proclamación sostiene que la banda está involucrada en una «invasión o incursión depredadora» en territorio estadounidense y acusa a Maduro de tener vínculos con la banda a través de la empresa narcoterrorista patrocinada por el régimen, el Cartel de los Soles.
«El resultado es un estado criminal híbrido que está perpetrando una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para Estados Unidos», escribió Trump, alegando que el régimen de Maduro está enviando deliberadamente a mafiosos del Tren de Aragua para que entren ilegalmente en Estados Unidos y desestabilicen el país.
Según el testimonio escrito de Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de la división de Operaciones de Cumplimiento y Deportación del ICE, aproximadamente 54 miembros del Tren de Aragua se encuentran actualmente detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Otros 172 están en el expediente de no detenidos de la agencia, y unos 32 están bajo custodia penal con órdenes de detención del ICE presentadas contra ellos.
Las personas que figuran en el expediente de no detenidos del ICE son inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y que están sujetos a deportación, pero que actualmente no están bajo custodia del ICE. Algunos pueden estar encarcelados a nivel local o estatal, inscritos en el programa de Alternativas a la Detención del ICE o viviendo libremente en la comunidad.
El testimonio de Cerna, pronunciado el lunes, aborda los esfuerzos de la administración para acelerar la deportación de los miembros del Tren de Aragua, esfuerzos que han sido impugnados en una corte federal.
Horas después de que Trump emitiera la proclamación para acelerar la expulsión de los miembros de la banda Tren de Aragua, un juez federal bloqueó temporalmente la orden. El juez presidente James Boasberg de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia certificó provisionalmente a todos los extranjeros afectados por la proclamación de Trump y emitió una orden de restricción temporal que impidió sus deportaciones durante al menos 14 días.
A pesar de la sentencia, la administración Trump ha continuado con las deportaciones, argumentando que el poder judicial carece de autoridad sobre la conducta del presidente en asuntos exteriores.
«La Administración no se 'negó a cumplir' una orden judicial», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. «Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión... lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense».
La fiscal general Pam Bondi se hizo eco de esta postura y afirmó el 17 de marzo que Estados Unidos continuaría «sin lugar a dudas» con los vuelos de deportación a pesar de la orden del juez, que describió como una extralimitación judicial.
Bondi dijo que la proclamación de Trump designa a los miembros del Tren de Aragua como «enemigos extranjeros» lo que permite su expulsión acelerada por motivos de seguridad nacional.
«Se trata de terroristas extranjeros... el presidente los ha identificado y designado como tales, y seguiremos cumpliendo la Ley de Enemigos Extranjeros», dijo Bondi, haciendo referencia a la ley de 1798 que Trump invocó para permitir su expulsión acelerada.
La administración Trump está tratando de que el caso sea reasignado a otro juez, alegando preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses o parcialidad en la gestión del caso por parte del juez Boasberg.
Mientras tanto, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el Departamento de Justicia ha tomado nuevas medidas contra el régimen de Maduro.
El Departamento de Justicia presentó una demanda de decomiso civil el 18 de marzo en el Distrito Sur de Florida contra un avión Dassault Falcon 900 EX, que supuestamente salió de contrabando de Estados Unidos y operó en nombre de Maduro en violación de las sanciones estadounidenses y las leyes de control de exportaciones.
Con información de Reuters
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