El 21 de febrero, un juez de distrito federal emitió una orden bloqueando parcialmente las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que retiraban el apoyo a los programas denominados de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
El juez de distrito de EE. UU. Adam Abelson en Maryland concedió una medida cautelar contra las acciones ejecutivas en una demanda conocida como National Association of Diversity Officers in Higher Education v. Trump.
Tras determinar que las acciones ejecutivas probablemente violan la Constitución de EE. UU., incluidos los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda, Abelson prohibió a la administración Trump terminar o modificar los contratos y subvenciones federales relacionados con DEI.
El juez escribió que, debido a que las órdenes ejecutivas impugnadas son vagas, los contratistas federales y los beneficiarios de subvenciones no tienen "ninguna manera razonable de saber qué, si acaso, pueden hacer para poner sus subvenciones en cumplimiento".
Dio el ejemplo de una subvención para la construcción de carreteras destinada a llenar baches en un vecindario pobre, en lugar de un vecindario rico. ¿Sería la subvención "relacionada con la equidad?", preguntó Abelson.
La orden del juez permite que el Departamento de Justicia de EE. UU. investigue y emita un informe sobre las prácticas DEI, tal como exige una de las órdenes ejecutivas.
Los demandantes son la Ciudad de Baltimore y grupos de educación superior que reciben financiamiento federal. Presentaron una demanda contra la administración a principios de mes, alegando que las órdenes ejecutivas exceden los poderes del presidente y reprimen la libertad de expresión.
"Lo que está sucediendo es una corrección excesiva y una retractación de las declaraciones sobre el DEI", dijo Aleshadye Getachew, abogada de los demandantes, en una audiencia judicial el 19 de febrero.
La administración Trump adoptó la posición de que el presidente solo está atacando los programas DEI que infringen las leyes federales de derechos civiles y que puede tomar decisiones sobre el gasto en función de sus prioridades políticas.
"El gobierno no tiene la obligación de subsidiar el ejercicio del discurso de los demandantes", dijo la abogada del Departamento de Justicia de EE. UU., Pardis Gheibi.
Según la demanda, Trump está intentando "borrar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de nuestro país". El presidente no tiene permitido "usurpar el poder exclusivo del Congreso sobre el presupuesto, ni puede silenciar a aquellos que no están de acuerdo con él amenazándolos con la pérdida de fondos federales y otras acciones de ejecución".
La Orden Ejecutiva 14151 instruye a la Oficina de Administración y Presupuesto y al Departamento de Justicia a "coordinar la terminación de todos los programas discriminatorios", incluidos los "mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales del DEI y ‘diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad’ (DEIA) en el Gobierno Federal, bajo cualquier nombre que aparezcan".
El presidente Joe Biden usó el acrónimo DEIA en la Orden Ejecutiva 14035 firmada el 25 de junio de 2021, que requería que cada agencia federal designara un director de diversidad o un oficial de diversidad e inclusión. La accesibilidad en este contexto significa que "los espacios de trabajo federales deben ser totalmente accesibles para los empleados con discapacidades", según el sitio web de la Junta de Acceso.
La Oficina de Administración de Personal fue encargada de crear un plan para implementar DEIA en todas las agencias, según informó el Servicio de Investigación del Congreso en junio de 2024. Trump derogó la Orden Ejecutiva 14035 cuando firmó la Orden Ejecutiva 14148 el 20 de enero.
La Orden Ejecutiva 14173 de Trump se dirige a "preferencias basadas en la raza y el sexo que son peligrosas, degradantes e inmorales, bajo la apariencia de la llamada ‘diversidad, equidad e inclusión’ (DEI) o ‘diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad’ (DEIA), que pueden violar las leyes de derechos civiles de esta Nación".
Los demandantes dijeron en la demanda que las órdenes ejecutivas los dejaron en una posición difícil.
"Cuando las agencias federales toman decisiones arbitrarias sobre si las subvenciones están ‘relacionadas con la equidad’, los demandantes quedan en el limbo. Algunos recibieron notificaciones para cesar todo trabajo en programas financiados federalmente con vínculos a DEIA".
Debido a que las dos órdenes ejecutivas son vagas, los demandantes "quedan en la incertidumbre sobre si, y por cuánto tiempo, pueden depender del financiamiento federal que el Congreso asignó utilizando su poder exclusivo sobre el presupuesto", según la demanda.
En un breve de respuesta, el gobierno argumentó que el tribunal no debería bloquear las órdenes ejecutivas porque los demandantes no demostraron que sufrirían "daños irreparables" si el tribunal no actuaba.
La respuesta señaló que los demandantes dijeron que enfrentaban daños irreparables debido a la posible pérdida de financiamiento, la incertidumbre sobre las operaciones futuras, los daños a su reputación y un enfriamiento de su discurso.
"Ninguno de ellos cumple con el exigente estándar de daño irreparable" que se requiere para detener las órdenes ejecutivas, señalaba la respuesta.
Con información de The Associated Press
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