Un juez federal amplió su fallo anterior que bloqueaba las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que buscan revertir los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), extendiendo la prohibición a todas las agencias, departamentos y comisiones federales.
El juez de distrito de EE. UU. Adam B. Abelson, en Maryland, emitió una aclaración de la orden judicial preliminar el 10 de marzo, confirmando que su orden judicial del 21 de febrero se aplica no solo a las entidades federales nombradas en la demanda, sino a todas las agencias del poder ejecutivo que llevan a cabo las órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a la financiación y las políticas federales relacionadas con la DEI.
El fallo se produce en el marco de una demanda en curso, National Association of Diversity Officers in Higher Education v. Trump, en la que grupos de educación superior, organizaciones de derechos civiles y la ciudad de Baltimore impugnan las acciones ejecutivas de Trump por considerarlas inconstitucionales. Los demandantes argumentan que las órdenes restringen la libertad de expresión, exceden la autoridad del presidente y crean confusión para los beneficiarios de subvenciones y contratistas que dependen de la financiación federal.
"El presidente puede tener sus propios puntos de vista sobre estos asuntos. Puede intentar convertir sus puntos de vista en políticas. Pero no puede apropiarse del poder del Congreso sobre el erario público. No puede negar el debido proceso a millones de estadounidenses. Y no puede restringir o interrumpir la libertad de expresión de quienes no están de acuerdo", escribieron los demandantes en su demanda inicial.
El caso se deriva del amplio esfuerzo de Trump por desmantelar las políticas de DEI implementadas bajo la presidencia de Joe Biden. La Orden Ejecutiva n.º 14151 de Trump ordena a las agencias federales que pongan fin a todas las oficinas y puestos relacionados con la "justicia medioambiental" y el DEI, así como a todas las subvenciones y contratos "relacionados con la equidad". La Orden Ejecutiva n.º 14173 prohíbe la financiación federal a las organizaciones que promueven el DEI y exige medidas de aplicación de los derechos civiles contra los programas de DEI que supuestamente violan las leyes contra la discriminación.
En su discurso inaugural, Trump prometió "poner fin a la política gubernamental de intentar manipular socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada".
"Forjaremos una sociedad que no haga distinciones por el color de la piel y que se base en los méritos", dijo Trump.
Las políticas antidiscriminación de Trump han desencadenado una serie de demandas.
En respuesta a la denuncia de la Asociación Nacional de funcionarios de Diversidad en la Educación Superior presentada el 3 de febrero, Abelson concedió una orden judicial preliminar el 21 de febrero, después de determinar que las acciones ejecutivas de Trump probablemente violan la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión.
En el fallo aclaratorio emitido el 10 de marzo, Abelson reafirmó que la Disposición de Terminación de Trump, que obliga a las agencias a cortar la financiación de subvenciones y contratos "relacionados con la equidad", probablemente viole la Primera y la Quinta Enmienda. El juez señaló anteriormente que la vaga redacción de las órdenes ejecutivas deja a las organizaciones inseguras sobre lo que constituye una práctica ilegal de DEI, lo que dificulta su cumplimiento.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre el fallo aclaratorio en el momento de la publicación.
En presentaciones judiciales anteriores, la administración Trump argumentó que solo se dirige a los programas de DEI que imponen preferencias basadas en la raza o el género en violación de las leyes federales de derechos civiles.
"La reparación solicitada por los demandantes no es ni de interés público ni equitativa", escribieron en su escrito los abogados que representan a la administración Trump. "El público sufriría un perjuicio si se prohibiera al Gobierno seguir la directiva del presidente de hacer cumplir y aplicar las leyes contra la discriminación".
Con la ampliación de la orden judicial ahora en vigor, la administración Trump podría impugnar la sentencia en la corte de apelaciones.
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