Una coalición de grupos activistas está demandando al gobierno federal por las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que limitan los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del gobierno y rechazan la ideología transgénero.
La nueva demanda, conocida como la Liga Urbana Nacional vs. Trump, fue presentada el 19 de febrero ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La jueza Loren AliKhan fue asignada al caso.
Los demandantes —la Liga Urbana Nacional, la Alianza Nacional de Vivienda Justa y la Fundación AIDS de Chicago— buscan bloquear las órdenes ejecutivas, argumentando que violan la ley federal y la Primera y Quinta Enmiendas a la Constitución de Estados Unidos.
Los grupos sin fines de lucro demandantes reciben fondos del gobierno federal "en forma de subsidios y/o contratos" que les permiten brindar servicios a "personas de color, mujeres, personas LGBTQ y personas con discapacidades", que están en peligro debido a tres órdenes ejecutivas que Trump firmó en su primera semana de regreso al cargo, según la denuncia legal.
Los acusados son Trump, quien está siendo demandado en su carácter oficial de presidente, varias agencias federales y los funcionarios que las dirigen.
Entre los acusados se encuentran los departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Comercio, Vivienda y Desarrollo Urbano, Agricultura y Justicia, así como la Agencia de Protección Ambiental, los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
La demanda legal fue presentada por Lambda Legal y el Fondo de Defensa Legal, también conocido como Fondo de Defensa Legal y Educación de la NAACP.
El presidente de la Liga Urbana Nacional, Marc Morial, dijo en un comunicado que las órdenes ejecutivas son un "ataque a la diversidad, la equidad y la inclusión [que] es discriminatorio en el mejor de los casos y un intento de opresión económica institucionalizada en el peor de los casos".
"No podemos poner fin a la epidemia del VIH sin trabajar para abordar las disparidades en materia de salud de las personas negras, latinas, LGBTQ+ y las mujeres transgénero", dijo también John Peller, presidente de la AIDS Foundation Chicago, en el comunicado.
Las órdenes ejecutivas "nos prohibirían realizar ese trabajo crítico y que salva vidas, poniendo en riesgo la salud de nuestros clientes y de la comunidad en general", agregó.
Lisa Rice, presidenta de la Alianza Nacional de Vivienda Justa, dijo que las órdenes ejecutivas son ilegales porque la Constitución y las leyes de derechos civiles "se centran en la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad".
"El Presidente no puede deshacer la Constitución ni quitarnos nuestros derechos colocando su firma en una orden ejecutiva", dijo en el comunicado.
La nueva acción legal apunta a las Órdenes Ejecutivas 14151, 14168 y 14173.
La Orden Ejecutiva 14151 de Trump ordena a la Oficina de Administración y Presupuesto y al Departamento de Justicia "coordinar la terminación de todos los programas discriminatorios", incluidos "los mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales de DEI y 'diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad' (DEIA) en el Gobierno Federal, bajo cualquier nombre que aparezcan".
El presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 20 de enero de 2025. (Anna Moneymaker/Getty Images)El presidente Joe Biden utilizó el acrónimo DEIA en la Orden Ejecutiva 14035 firmada el 25 de junio de 2021, que requería que cada agencia federal designara un director de diversidad o un oficial de diversidad e inclusión. La accesibilidad en este contexto significa que "los espacios de trabajo federales deben ser completamente accesibles para los empleados con discapacidades", según el sitio web de la Junta de Acceso.
La Oficina de Administración de Personal se encargó de crear un plan para implementar la DEIA en todas las agencias, informó el Servicio de Investigación del Congreso en junio de 2024. Trump anuló la Orden Ejecutiva 14035 cuando firmó la Orden Ejecutiva 14148 el 20 de enero.
La Orden Ejecutiva 14168 de Trump establece que la política del gobierno en adelante será reconocer "dos sexos, masculino y femenino", y rechaza "la idea de que existe un vasto espectro de géneros que están desconectados del sexo de uno".
La Orden Ejecutiva 14173 de Trump apunta a "preferencias peligrosas, degradantes e inmorales basadas en la raza y el sexo bajo el disfraz de la llamada ‘diversidad, equidad e inclusión’ (DEI) o ‘diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad’ (DEIA) que pueden violar las leyes de derechos civiles de esta nación".
En la denuncia, los demandantes argumentan que las órdenes ejecutivas los "penalizan" "por expresar puntos de vista en apoyo de DEIA y las personas transgénero".
Las órdenes ponen a los demandantes "en riesgo significativo de perder fondos federales".
Las órdenes también "reprimen y censuran su discurso, su defensa y su actividad expresiva en función del contenido y el punto de vista", y ponen en peligro la financiación gubernamental que necesitan "para cumplir con su trabajo impulsado por la misión", según la denuncia.
"Si bien el Presidente puede tener su punto de vista... la Primera Enmienda le prohíbe imponer indebidamente su punto de vista a los contratistas y beneficiarios federales, de modo que los demandantes se vean obligados a violar sus misiones organizacionales o a correr el riesgo de perder la financiación federal que es de vital importancia, e incluso a veces vital, para las comunidades a las que sirven".
The Epoch Times contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa a los acusados, para solicitar comentarios.
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