La administración Trump retiró una apelación del gobierno federal a una orden judicial preliminar que le impedía al gobierno extender las protecciones contra la discriminación por identidad de género al sector educativo.
La apelación había sido iniciada por la administración Biden, pero la nueva administración decidió no proseguirla. A menudo, cuando un nuevo presidente toma posesión, la nueva administración cambia de posición en los litigios que ya están ante las cortes.
El 14 de marzo, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos desestimó la apelación con el consentimiento de ambas partes en el litigio.
El verano pasado, Oklahoma obtuvo la orden judicial de un juez federal de distrito después de que la administración Biden tomara medidas para enmendar las regulaciones del Título IX, que cubren la discriminación sexual en las instituciones educativas, para incluir la discriminación basada en la identidad de género. Otros tribunales también bloquearon el esfuerzo para modificar las regulaciones.
El Título IX se refiere a la Ley Pública 92-318, o Ley Federal de Enmiendas a la Educación de 1972, que modificó cuatro estatutos federales relacionados con la educación.
«Ninguna persona en Estados Unidos será, por motivos de sexo, excluida de participar en, ser negada los beneficios de, o ser sujeta a discriminación bajo cualquier programa o actividad educativa que reciba asistencia financiera federal», establece la legislación.
En 1980, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictaminó en el caso Alexander vs la Universidad de Yale que, según el Título IX, el acoso sexual constituía discriminación sexual.
Oklahoma impugnó la norma propuesta por el Departamento de Educación y la jueza federal de distrito Jodi Dishman, del Distrito Oeste de Oklahoma, otorgó una orden judicial preliminar en su contra el 31 de julio de 2024.
Dishman escribió en su orden que el «mandato de identidad de género de la norma es inexplicablemente incoherente con varias disposiciones del Título IX».
La norma exigiría que un varón biológico que se identifica como mujer duerma en una residencia de chicos, pero al mismo tiempo le permitiría usar el vestuario de chicas, escribió.
«Este enfoque socava el propósito del Título IX, personifica un claro error de juicio y no tiene en cuenta en absoluto aspectos importantes del problema que el Departamento trataba de resolver», escribió la jueza.
El gobierno de Biden apeló el requerimiento judicial ante el Décimo Circuito en septiembre de 2024, pero el caso no había llegado a la fase de alegatos orales cuando fue desestimado el 14 de marzo.
En agosto de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por poco la solicitud del gobierno de Biden de aplicar parcialmente su norma del Título IX en 10 estados.
A finales de enero, la segunda administración Trump envió un aviso a escuelas y universidades recordándoles que las denuncias de discriminación por motivos de sexo deben tratarse de acuerdo con la definición tradicional de sexo, que incluye solo los sexos masculino y femenino.
En la carta, el Departamento de Educación dijo que hará cumplir las regulaciones del Título IX introducidas por la primera administración Trump en 2020, que establecen que «sexo» significa la «característica objetiva e inmutable de haber nacido hombre o mujer».
El presidente Donald Trump también emitió la Orden Ejecutiva 14168 el 20 de enero, que establece que la política del gobierno es «reconocer dos sexos, masculino y femenino» y que «estos sexos no son modificables y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible». La orden establece que las leyes federales de derechos civiles como el Título IX no deben interpretarse de manera que cubran la identidad de género.
El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, aplaudió la desestimación de la apelación del gobierno federal.
«Agradezco la disposición del presidente Trump a desestimar el desacertado recurso presentado por la Administración Biden», declaró Drummond en un comunicado el 17 de marzo. «Los estudiantes de Oklahoma pueden ahora estar seguros de que estarán protegidos contra las invasiones a la privacidad y otros daños innecesarios, gracias a esta resolución responsable».
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para recabar su opinión. En el momento de la publicación no había recibido respuesta.
Bill Pan contribuyó a este artículo
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