Funcionarios estadounidenses declararon bajo juramento el 18 de marzo que no violaron la orden de un juez federal sobre los vuelos de deportación, en parte porque el vuelo que partió después de que se emitiera la orden transportaba a venezolanos que estaban siendo deportados por otras razones.
El juez federal de distrito James Boasberg ordenó el 15 de marzo al gobierno de Trump que no expulsara a inmigrantes ilegales y otros no ciudadanos bajo custodia estadounidense que estuvieran sujetos a la proclamación del presidente Donald Trump invocando la Ley de Enemigos Extranjeros.
La proclamación del presidente de ese día declaraba que la banda Tren de Aragua estaba en guerra con Estados Unidos y ordenaba su «inmediata aprehensión, detención y expulsión».
La orden de Boasberg se refería a «miembros de dicha clase» que «no estaban sujetos a expulsión de otro modo».
Después de que los abogados que representaban a algunos de los venezolanos expresaran su preocupación por los vuelos de deportación que podrían haber salido después de la orden del juez, este celebró una audiencia para aclarar el momento de los vuelos. Tras la audiencia, ordenó al gobierno que proporcionara, bajo juramento, información que demostrara que no se había expulsado a nadie únicamente en virtud de la declaración de Trump tras su orden inicial.
Robert Cerna, director en funciones de la oficina de Operaciones de Cumplimiento y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), dijo el martes bajo juramento que los dos aviones que transportaban a venezolanos partieron hacia El Salvador y salieron del espacio aéreo estadounidense antes de que se publicara la orden de Boasberg.
El tercer vuelo, dijo, partió después de que llegara la orden, pero todos los pasajeros tenían órdenes de expulsión de jueces de inmigración y ninguno fue expulsado «únicamente sobre la base de la Proclamación en cuestión».
Cerna también dijo que el ICE no actuó sobre la proclamación hasta después de que la Casa Blanca la publicara online el 15 de marzo, aunque parecía haber sido firmada el 14 de marzo.
Boasberg había solicitado más información sobre cuándo se firmó la proclamación, cuándo se hizo pública y cuándo entró en vigor.
También pidió al gobierno que estimara cuántas personas sujetas a la proclamación se encuentran todavía en Estados Unidos.
Cerna dijo que 54 miembros de Tren de Aragua están bajo custodia del ICE, otros 172 están siendo monitoreados por el ICE pero no están bajo custodia del ICE, y otros 32 están detenidos por otras fuerzas del orden debido a un arresto o condena por un delito.
«Si son transferidos a la custodia del ICE, es probable que se les inicie un proceso de deportación», dijo Cerna.
En una presentación separada presentada el lunes, Cerna dijo que los miembros de la pandilla representan una amenaza para los estadounidenses y detalló cómo algunos de los deportados habían sido acusados de delitos graves como asesinato, secuestro y agresión.
Michael Kozak, funcionario del Departamento de Estado, también declaró ante el juez que se habían llevado a cabo negociaciones de alto nivel entre funcionarios del gobierno de EE. UU., El Salvador y Venezuela. Como resultado, esos países acordaron la deportación de algunos ciudadanos venezolanos a El Salvador y Venezuela.
La política exterior de EE. UU. se vería perjudicada si se impidiera la expulsión, «teniendo en cuenta el tiempo y la energía significativos invertidos durante varias semanas por funcionarios de alto nivel del gobierno de EE. UU. y la posibilidad de que los interlocutores extranjeros cambien de opinión con respecto a su disposición a aceptar la expulsión de ciertas personas asociadas con [Tren de Aragua] o que de otro modo busquen aprovechar esto como un problema continuo», escribió.
En respuesta al último punto de la orden del juez, los abogados estadounidenses dijeron que el gobierno no debería tener que proporcionar más detalles sobre los vuelos que estaban en el aire o que despegaron después de la orden del juez.
«El Gobierno sostiene que no hay justificación para ordenar la provisión de información adicional, y que hacerlo sería inapropiado, porque incluso aceptando la versión de los hechos de los demandantes, no hubo violación a la orden escrita de la corte», escribieron.
«Además, dado que la moción del Gobierno para una suspensión sigue pendiente ante el Circuito de D.C., no se debe exigir al Gobierno que revele información sensible que afecte a la seguridad nacional y las relaciones exteriores hasta que se resuelva dicha moción, especialmente teniendo en cuenta que esta información no es ni material ni urgente».
Los abogados dijeron que ofrecerían más detalles a puerta cerrada si el juez insiste.
Boasberg respondió que, antes del mediodía del 19 de marzo, el gobierno debe presentar una declaración bajo sello, en la que se incluyan más detalles sobre los vuelos que salieron del espacio aéreo estadounidense antes de su orden, incluida la hora en que aterrizaron en un país extranjero.
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