Una corte federal de apelaciones denegó el viernes la solicitud de emergencia de la administración Trump para levantar una orden judicial que bloqueaba la terminación de las protecciones contra la deportación de casi 350,000 venezolanos.
En una decisión de una página emitida el 18 de abril, un panel de tres jueces de la Novena Corte de Apelaciones de EE. UU. dijo que la administración no demostró que sufriría un «daño irreparable» si se mantenía la orden judicial del tribunal inferior. El tribunal se negó a suspender una sentencia del 31 de marzo del juez federal Edward Chen que preservaba el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos mientras se desarrolla un recurso legal.
La denegación de la corte de apelaciones significa que el intento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar las designaciones del TPS para los venezolanos sigue bloqueado por ahora. La decisión también prepara el escenario para un enfrentamiento legal de alto riesgo este verano, ya que la corte tiene previsto escuchar todos los argumentos del caso en julio.
Una solicitud de comentarios sobre el fallo enviada al Departamento de Justicia, que representa a Noem en la disputa legal, no fue respondida de inmediato.
El TPS concede un estatus legal temporal y un permiso de trabajo a los nacionales de países que sufren guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro. La administración Biden amplió el TPS para cubrir a cientos de miles de venezolanos en 2021 y de nuevo en 2023, alegando graves crisis humanitarias y políticas.
Noem revocó esas designaciones a principios de este año, alegando que Venezuela ya no cumplía los criterios y que la continuación de la protección era contraria a los intereses nacionales de Estados Unidos.
La medida de Noem habría puesto fin a las protecciones del TPS para 348,202 venezolanos el 7 de abril, pero la orden judicial preliminar del tribunal de distrito del 31 de marzo, confirmada por el Noveno Circuito el 18 de abril, la suspende.
Se espera que otros 250,000 venezolanos pierdan las protecciones del TPS en septiembre, a menos que se renueve la designación. Por otra parte, el DHS ha revocado una prórroga de 18 meses del TPS de Haití anunciada bajo la administración Biden, lo que hace que el programa expire en agosto y afecta a más de 500,000 ciudadanos haitianos.
En su fallo del 31 de marzo, Chen consideró que las medidas de Noem eran probablemente «ilegalmente autorizadas, arbitrarias y caprichosas, y motivadas por una animadversión inconstitucional». Citó lo que, según él, eran comentarios despectivos y falsos tanto de Noem como del presidente Donald Trump, que estereotipaban a los venezolanos como delincuentes.
El fallo de Chen hizo hincapié en las graves consecuencias de poner fin al TPS sin una justificación adecuada, advirtiendo que trastornaría la vida de cientos de miles de personas y perturbaría a las familias y las economías locales. Al mismo tiempo, el juez consideró que el Gobierno «no había identificado ningún perjuicio real que compensara» la continuación de las protecciones del TPS para los venezolanos.
En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que Noem actuó dentro de su autoridad legal y que tales decisiones no estaban sujetas a revisión judicial.
«La secretaria Noem consultó con los organismos gubernamentales pertinentes, incluido el Departamento de Estado, y determinó que prolongar la designación del TPS para Venezuela era contrario al interés nacional a la luz de factores —como la actividad de las pandillas y las preocupaciones por la seguridad pública, el impacto adverso en las comunidades estadounidenses, los intereses de política exterior, las políticas de inmigración y fronterizas, y el posible efecto imán del TPS sobre la inmigración ilegal— que son racionales y están relacionados con los intereses legítimos del gobierno en materia de inmigración, seguridad nacional y política exterior», escribieron los abogados del Departamento de Justicia en su moción para suspender la orden judicial de Chen.
Los abogados que representan a Noem también argumentaron que la orden de Chen equivalía a una orden judicial no autorizada que bloqueaba la capacidad del gobierno para aplicar la política de inmigración, violando los límites claros impuestos por el Congreso.
«Un solo juez se hizo cargo de la política federal de inmigración con respecto a Venezuela y sustituyó la autoridad del Ejecutivo sobre decisiones delicadas que afectan al interés nacional de los Estados Unidos», afirma su moción.
Los defensores de los inmigrantes elogiaron la decisión del viernes como una gran victoria para los titulares del TPS.
«Esta decisión reafirma lo que nuestras comunidades siempre han sabido: que nuestras vidas no son moneda de cambio y que nuestra presencia aquí tiene sus raíces en la justicia», dijo José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, principal demandante en el caso, en un comunicado.
«Cualquier intento de despojarnos de la protección sin el debido proceso no solo es ilegal, sino inhumano».
Freddy Arape, demandante en el caso, dijo: «Me enorgullece unir mis brazos a los valientes titulares del TPS y a las organizaciones aliadas como parte de este desafío legal para preservar la protección humanitaria de tantas familias que dependen de ella».
Con la Novena Circunscripción Judicial lista para escuchar los argumentos del caso en julio, el destino del estatus de protección temporal para cientos de miles de venezolanos sigue siendo incierto, y depende de cómo falle finalmente la corte de apelaciones sobre la legalidad de las políticas del gobierno relacionadas con el TPS.
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