En la capital de Perú y en la ciudad del Callao, se inició este martes 18 de marzo un estado de emergencia por 30 días decretado por la presidente Dina Boluarte esta semana. El anuncio se da en medio de una ola delincuencial de asesinatos y extorsiones y frente a una crisis política que vive el país.
Boluarte emitió un decreto supremo de Estado de emergencia en el área metropolitana de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao el 17 de marzo, ante la indignación generalizada del país que se dio tras la muerte del vocalista del popular grupo local de cumbia Armonia 10, Paul Flores. El cantante se desplazaba en un autobús que fue atacado con armas de fuego en la madrugada del domingo.
El gobierno peruano confirmó en un comunicado en la gaceta oficial El Peruano del 18 de marzo, que "durante este tiempo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas en zonas determinadas por la institución policial".
"Esta norma responde a la necesidad de restablecer el orden y garantizar la seguridad en estas jurisdicciones", se añadió.
Durante este periodo quedarán suspendidos los derechos de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
La cifra de muertes ha crecido progresivamente durante los últimos meses. En enero de este año, Perú registró 791 muertes por "causa violenta", la cifra más alta registrada desde 2020, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), analizadas por RPP Data.
"En Lima tenemos aproximadamente 200 bandas criminales operando. Estamos en medio de una enorme y preocupante guerra por el control de territorios, rutas, negocios, cuadras de distintas actividades delictivas. Hay una competencia entre actores criminales por el control de esas actividades, lo que explica la cantidad de muertes que estamos teniendo ahora", dijo Nicolás Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, a RPP.
"El gran problema es que esta guerra [entre bandas] ocurre en la vía pública, en momentos de alto tránsito, donde hay personas inocentes transitando alrededor. Hay un enorme temor de ser víctima de este tipo de situaciones o de estar cerca a que este tipo de acciones ocurra", añadió.
Ante el incremento del crimen organizado en el país, Baluarte advirtió su intención de implementar la pena de muerte para los responsables.
"Quiero decirles y lo digo a viva voz, a estos [improperio] asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador, podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras, a emprendedores, que con justo esfuerzo se labran el futuro", dijo Boluarte en un discurso por el inicio del año escolar el 17 de marzo.
El gobierno nacional ya había implementado un estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 60 días en septiembre de 2024, que finalizó a finales de noviembre del mismo año.
Desde que se declaró el estado de emergencia este lunes, se han presentado tres muertes violentas en el país.
En la madrugada del lunes 17 de marzo, en Lima un hombre fue arrojado desde un vehículo; estaba amarrado con cinta y le dispararon dos veces en la cabeza cuando intentaba pedir ayuda.
Ese mismo día, en el óvalo de La Perla, Provincia Constitucional del Callao, una mujer que trabajaba buscando pasajeros para autobuses de transporte público recibió varios impactos de bala por dos hombres que se transportaban en una motocicleta.
En la madrugada del martes 18 de marzo, en Lima un conductor de autobús recibió varios impactos de bala dentro su vehículo de trabajo, por una persona que ocupaba el asiento del copiloto.
El gobierno nacional de Perú hizo un llamado a los ciudadanos a colaborar con las autoridades en el cumplimiento del estado de emergencia y contribuir con la seguridad.
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