El 18 de marzo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia pareció inclinado a permitir las destituciones del presidente Donald Trump de dos jefes de agencias que alegaron que sus destituciones violaban la ley federal.
Los jueces Justin Walker y Karen Henderson formularon preguntas, indicando su escepticismo ante los argumentos de Cathy Harris, presidenta de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito. Dos cortes de distrito independientes bloquearon el despido de la administración, así como el de Gwynne Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.
Ambos jefes de la agencia argumentaron que el presidente ignoró la ley federal al destituirlos bruscamente a través de correos electrónicos que no intentaban cumplir con el requisito del Congreso de que su despido debe tener una causa particular.
Trump está pidiendo a la corte de apelaciones que suspenda temporalmente las decisiones de las cortes inferiores antes de tomar decisiones más firmes sobre los méritos de las cuestiones legales involucradas.
Al decidir si conceder suspensiones temporales, las cortes consideran la posibilidad de un daño irreparable para ambas partes. Henderson, en un momento dado, declaró al abogado del Departamento de Justicia, Eric McArthur, que parecía no haber "ningún daño irreparable" por parte de los dos directores de agencias y solicitó a la administración que hablara sobre el daño al presidente.
Mientras tanto, Millett señaló que las órdenes de las cortes inferiores mantuvieron el status quo al permitir que los miembros permanecieran en sus puestos, lo que indica que sus órdenes no causaron una interrupción significativa.
En un largo intercambio con McArthur, ella dio a entender reiteradamente que estaba sugiriendo que la corte ignorara el precedente de la Corte Suprema de hace décadas en Humphrey's Executor vs. United States, que sostuvo que el presidente Franklin D. Roosevelt había despedido injustamente a un comisionado de la Comisión Federal de Comercio.
El abogado de Harris, Nathaniel Zelinsky, quien habló después de McArthur, argumentó que la administración había dicho que la corte debería desechar siglos de precedentes.
Walker intervino. Dijo que creía que la administración había dicho "unas 25 veces" que la corte debía seguir al albacea de Humphrey.
Walker también dijo a Deepak Gupta, abogado de Wilcox, que la corte tuvo que interpretar el caso del Albacea de Humphrey desde la perspectiva de Seila Law LLC contra la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, lo cual se ha considerado como una limitación de la decisión en el caso anterior. Añadió que si la corte decidiera este caso "dos meses" después de que la Corte Suprema decidiera el caso de Humphrey, sería más fácil tomar una decisión.
Los casos de Harris y Wilcox fueron solo dos de los muchos que impugnaron las decisiones de la administración Trump de despedir a varios empleados federales. Otro caso, que involucra al fiscal especial Hampton Dellinger, quien también planteó la cuestión del albacea de Humphrey y la cuestión de la destitución por causa, se ha abierto camino a través del Circuito de Washington D.C. y recibió una breve orden de la Corte Suprema.
En ese caso, la corte dejó en suspenso o suspendió el intento de la administración de suspender la decisión de una corte inferior que restituía a Dellinger. Los jueces Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson habrían denegado la solicitud de la administración, mientras que los jueces Samuel Alito y Neil Gorsuch discreparon de la decisión de la Corte Suprema y declararon que habrían anulado la orden de la corte inferior.
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