El 5 de septiembre, la Comisión Europea multó a Google con USD 3.5 mil millones por infringir las normas antimonopolio de la UE al perturbar la competencia en el sector de la tecnología publicitaria.
En su investigación sobre el gigante de las búsquedas en Internet con sede en California, los reguladores de la Unión Europea descubrieron que Google dominaba el mercado de los servidores de anuncios para editores y las herramientas de compra de anuncios en Internet con su gestor de anuncios "DoubleClick for Publishers", Google Ads y los servicios de visualización y vídeo, también conocidos como DV360.
"La decisión de hoy demuestra que Google abusó de su posición dominante en la tecnología publicitaria, perjudicando a los editores, anunciantes y consumidores", afirmó en un comunicado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una transición limpia, justa y competitiva.
"Este comportamiento es ilegal según las normas antimonopolio de la UE. Google debe ahora presentar una solución seria para abordar sus conflictos de intereses y, si no lo hace, no dudaremos en imponer medidas correctivas severas".
A lo largo de sus cuatro años de investigación, el órgano ejecutivo de la UE descubrió que, al menos desde 2014 hasta la actualidad, Google "abusó de su posición dominante" infringiendo las normas de la UE al favorecer su propia plataforma publicitaria frente a la competencia en el proceso de selección y compra de anuncios.
"Por ejemplo, Google Ads evitaba las plataformas publicitarias de la competencia y realizaba principalmente pujas en AdX, lo que la convertía en la plataforma publicitaria más atractiva", afirmó la Comisión.
En su resolución, la Comisión ordenó a Google que cesara estas "prácticas de auto-preferencia". También ordenó al gigante tecnológico de Silicon Valley que adoptara medidas para eliminar sus conflictos de intereses inherentes a lo largo de la cadena de suministro de tecnología publicitaria.
Google tiene ahora 60 días para notificar a la UE las medidas que piensa proponer al respecto. Una vez recibidas las medidas, la Comisión afirmó que las evaluará cuidadosamente para ver si resuelven los conflictos de intereses.
Si Google no cumple, la UE declaró que procederá a imponer una solución adecuada, incluyendo que "ya señaló su opinión preliminar en que solo la desinversión de parte de los servicios de Google resolvería la situación de conflictos de intereses inherentes".
"Los mercados digitales existen para servir a las personas y deben basarse en la confianza y la equidad. Y cuando los mercados fallan, las instituciones públicas deben actuar para evitar que los actores dominantes abusen de su poder. La verdadera libertad significa igualdad de condiciones, donde todos compiten en igualdad de términos y los ciudadanos tengan un derecho genuino a elegir", afirmó Ribera.
La UE inició su investigación sobre Google en junio de 2021, abriendo un procedimiento formal sobre el posible comportamiento anticompetitivo de la empresa en los sectores de la búsqueda en línea y la publicidad digital. En junio de 2023, la Comisión emitió un pliego de cargos contra Google, al que la empresa respondió en diciembre de 2023.
En una declaración proporcionada a The Epoch Times, Google impugnó la resolución de la UE y afirmó que recurriría ante las cortes la sentencia multimillonaria.
"La decisión de la Comisión Europea sobre nuestros servicios de tecnología publicitaria es errónea y apelaremos. Impone una multa injustificada y exige cambios que perjudicarán a miles de empresas europeas, ya que les resultará más difícil obtener beneficios", afirmó Lee-Anne Mulholland, directora de asuntos regulatorios globales de Google.
La decisión de la Comisión, que actúa como órgano ejecutivo de la Unión Europea de 27 países, se produce menos de una semana después de que el juez federal Amit Mehta rechazara la solicitud de los fiscales federales y estatales de que se obligara a Google a vender su navegador Chrome.
En esa sentencia antimonopolio del 2 de septiembre presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) en 2020, las autoridades estadounidenses alegaron que Google utilizó tácticas anticompetitivas para mantener su posición dominante, asegurándose contratos que lo convirtieron en el motor de búsqueda predeterminado en los navegadores web y los teléfonos inteligentes.
Como medida correctiva, se exigirá a Google que comparta datos con sus competidores en el sector de las búsquedas en línea. Tras la sentencia del martes, Mehta ordenó a Google y al DOJ que se reunieran y presentaran una sentencia definitiva revisada antes del 10 de septiembre.
En otro caso antimonopolio más similar a la investigación de la UE, la jueza federal Leonie Brinkema, del Distrito Este de Virginia, celebrará un juicio sobre las medidas correctivas el 22 de septiembre para considerar la escisión de la división de tecnología publicitaria de Google debido a la conducta anticompetitiva de esta empresa, que obstaculizó o eliminó a otros competidores publicitarios.
En abril, el Departamento de Justicia ganó contra Google cuando Brinkema dictaminó en el caso Estados Unidos et al. contra Google que la empresa infringió la ley antimonopolio al monopolizar el mercado de la publicidad digital en la web abierta. Según el fallo del juez, la empresa "perjudicó a los clientes editores de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta".
En enero de 2023, el Departamento de Justicia, junto con los fiscales generales de varios estados y de la Mancomunidad de Virginia, presentó una demanda civil antimonopolio contra Google por monopolizar tecnologías clave de publicidad digital, conocidas como "ad tech stack", de las que dependen los editores de sitios web para comprar y vender anuncios que llegan a millones de clientes.
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