El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a varios cárteles de droga mexicanos y a varias bandas criminales transnacionales como organizaciones terroristas globales, según un aviso en el Registro Federal el miércoles.
Las organizaciones criminales con sede en México, incluido el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, la organización La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Noreste, fueron designadas como organizaciones terroristas.
La MS-13, la banda con sede en El Salvador conocida como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua de Venezuela también fueron designadas como organizaciones terroristas, según el aviso.
El Secretario de Estado Marco Rubio dijo en el aviso que estos grupos contienen individuos que "han cometido o han intentado cometer, representan un riesgo significativo de cometer o han participado en entrenamiento para cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos".
"He determinado que no es necesario proporcionar aviso previo a ninguna persona sujeta a esta determinación que pueda tener presencia constitucional en Estados Unidos, porque hacerlo dejaría sin efecto las medidas autorizadas en la Orden", escribió también Rubio.
El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el 20 de enero, el día en que asumió el cargo, en la que instaba a los funcionarios a evaluar si los cárteles criminales o las bandas transnacionales podían ser designados como grupos terroristas. Durante su primer mandato, Trump consideró designar a esos grupos como organizaciones terroristas, pero finalmente no lo hizo.
"Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no solo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas despiadadas", escribió Trump en su orden.
Los analistas afirmaron que la designación de los cárteles y las bandas transnacionales permitiría al gobierno estadounidense apuntar a sus finanzas y a las personas que les suministran armas. El ejército estadounidense también podría atacar las instalaciones operadas por los cárteles bajo la designación, dicen.
"Se podría perseguir a personas que trafican armas de fuego para los cárteles; se les podría arrestar por proporcionar material a una organización terrorista extranjera", dijo Ioan Grillo, periodista radicado en México y autor de varios libros, a The Epoch Times a principios de este mes.
François Cavard, un activista de derechos humanos que ha pasado años investigando el narcotráfico en América Latina, dijo que la designación de la administración Trump "dejaría en claro a los cómplices corruptos de alto nivel que estos criminales puedan tener dentro de Estados Unidos y en las oficinas y agencias del gobierno estadounidense… que también van por ellos".
En respuesta a una pregunta en Fox News el mes pasado, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la administración no descartará atacar a los cárteles dentro de México si esos grupos atacaran a estadounidenses o funcionarios en la frontera entre Estados Unidos y México.
"Todas las opciones estarán sobre la mesa si estamos lidiando con lo que se considera organizaciones terroristas extranjeras que atacan específicamente a estadounidenses en nuestra frontera", dijo Hegseth, y agregó que Trump tomaría la decisión final.
"Si fuera necesario tomar otras opciones para evitar que los cárteles sigan trayendo gente —pandillas, drogas y violencia— a nuestro país, las tomaremos. El presidente tomará esa decisión. Trabajaré con él en ese proceso de toma de decisiones. En última instancia, no escatimaremos esfuerzos para proteger a los estadounidenses", afirmó el jefe del Pentágono.
Además, después de asumir el cargo, Trump ordenó a los altos funcionarios que tomaran medidas para invocar una de las primeras medidas estadounidenses conocidas como la Ley de Extranjería y Sedición, promulgada por el segundo presidente John Adams en 1798, que podría permitirle deportar a presuntos miembros de bandas sin proporcionarles audiencias judiciales.
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