Un grupo de 12 estados pidió el miércoles a una corte federal que suspenda los aranceles generalizados del presidente Donald Trump sobre las importaciones, argumentando que se extralimitó en sus funciones al declarar una emergencia nacional para imponer gravámenes a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Una corte compuesta por tres jueces de la Corte de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, escuchó los argumentos de la demanda presentada en abril por los fiscales generales demócratas de Nueva York, Illinois, Oregón y otros nueve estados.
La demanda sostiene que las políticas arancelarias de Trump «reflejan una política comercial nacional que ahora depende de los caprichos del presidente en lugar del ejercicio legítimo de su autoridad».
Durante la vista del miércoles, los estados dijeron que Trump ha interpretado erróneamente una ley denominada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que otorga al ejecutivo la autoridad para regular diversas transacciones económicas tras la declaración de una emergencia nacional, con el fin de justificar los aranceles.
Trump afirmó que la IEEPA le permite «establecer aranceles de cualquier cuantía, a cualquier país, por cualquier periodo de tiempo, y ninguna corte puede revisarlos», declaró ante la corte Brian Marshall, abogado del estado de Oregón.
Marshall dijo que la afirmación de Trump era incorrecta, señalando que la ley tiene por objeto hacer frente a amenazas «inusuales y extraordinarias» para Estados Unidos y exige que las medidas presidenciales estén estrechamente vinculadas a una situación específica que el poder ejecutivo pretende resolver.
El abogado añadió que, en virtud de la IEEPA, un presidente no puede utilizar los aranceles u otras medidas «únicamente como medio de presión».
Brett Shumate, abogado del Departamento de Justicia, respondió que la influencia es una razón válida para imponer aranceles en virtud de la IEEPA. Afirmó que la ley faculta al presidente para negociar acuerdos comerciales y otros objetivos de política exterior.
«El objetivo de estos aranceles es crear presión», afirmó Shumate. «En este momento, los aranceles están dando al presidente la influencia que necesita».
Shumate argumentó además que solo el Congreso, y no los estados de EE. UU. ni los tribunales, tiene la autoridad para revisar las medidas tomadas por el presidente en respuesta a una emergencia de la IEEPA.
Aunque la IEEPA no utiliza específicamente la palabra «arancel», está incluida en su autoridad para «investigar, regular o prohibir» transacciones, dijo.
La corte no se pronunció de inmediato sobre la legalidad de los aranceles de Trump. Se espera una decisión en las próximas semanas.
Trump anuncia aranceles a China y Canadá
Trump impuso por primera vez aranceles a China, México y Canadá en febrero, en un intento por acabar el flujo de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos.En abril, su administración impuso un arancel básico del 10 por ciento a la mayoría de los países y tasas más altas a los países con los que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales, en particular China.
Una semana más tarde, decretó una pausa de 90 días en los aranceles más elevados y aumentó los gravámenes a China al 145 por ciento, lo que llevó a Beijing a tomar represalias con gravámenes del 125 por ciento a las importaciones estadounidenses, imponiendo de facto un embargo comercial sobre los productos del otro país.
Desde entonces, la administración Trump ha reducido temporalmente los aranceles más elevados a China, mientras ambos países trabajan en un acuerdo comercial a más largo plazo.
Trump invocó la IEEPA para ambos tipos de aranceles, afirmando que el comercio exterior y las prácticas económicas, así como la distribución continua de drogas mortales mezcladas con fentanilo, crearon una emergencia nacional en Estados Unidos.
Los estados afirman que los aranceles no son una respuesta razonable a ninguna de estas cuestiones, que Trump carece de autoridad para imponer los gravámenes y que solo el Congreso tiene la capacidad de recaudar derechos sobre las importaciones.
Su demanda es una de las al menos siete presentadas contra la administración Trump en las que se impugnan sus políticas arancelarias. El estado de California presentó una demanda por separado en una corte federal de San Francisco a principios de este mes.
Con información de Reuters
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