El 23 de julio, una corte federal de apelaciones dictaminó que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional, aprobando una decisión anterior de una corte inferior que había bloqueado la aplicación de la orden en todo el país.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos votó 2-1 a favor de mantener la decisión de la corte de distrito.
“La corte de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la orden ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”, escribió la mayoría.
La sentencia se produce después de que un juez federal de New Hampshire también bloqueara el plan, lo que acerca un paso más la cuestión a un rápido regreso a la Corte Suprema.
El fallo de 2-1 mantiene la decisión del juez federal de distrito de Seattle John C. Coughenour, que bloqueó la aplicación de la orden ejecutiva del presidente que negaría la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encuentran en el país de forma ilegal o temporal.
En el caso Trump contra CASA, la Corte Suprema limitó la facultad de los jueces de tribunales inferiores para dictar medidas cautelares a nivel nacional, es decir, órdenes judiciales que se aplican a todo el país.
Sin embargo, la mayoría de los jueces del Noveno Circuito consideraron que una de las excepciones previstas en la decisión otorgaba a los tribunales inferiores la facultad de dictar una orden judicial a nivel nacional en este caso.
Un grupo de 22 estados que se oponían a la aplicación de la orden argumentaron que, sin una orden a nivel nacional, surgirían problemas debido a que la ciudadanía por nacimiento solo es ley en una parte del país.
“Concluimos que la corte de distrito no abusó de su discreción al emitir una orden judicial universal con el fin de dar a los estados un alivio completo”, escribieron el juez Michael Hawkins y el juez Ronald Gould.
El juez Patrick Bumatay redactó un voto particular discrepante, argumentando que los estados no tenían legitimación para demandar la orden ejecutiva.
Con información de Associated Press.
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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